El diputado del BNG Bieito Lobeira no logró convencer al PP para que la Xunta inste a la Autoridad Portuaria de Vigo a rescindir la concesión otorgada a Marina Atlántica para construir un puerto deportivo de 420 plazas en Cangas, frente a la antigua ballenera de Massó.
Ante el rechazo del PP, Lobeira rebajó sus aspiraciones, proponiendo únicamente un posicionamiento de los tres grupos parlamentarios en contra del proyecto. Tampoco logró que se sumase el PP, que argumentó que está previsto celebrar una mesa de diálogo en la que las partes tratarán este asunto.
El Bloque dice que la construcción del puerto va a provocar «desolación, destrucción, estrago e ruina», que, afirma, significará la pérdida definitiva para la pesca de un área de 500.000 metros y un «forte afección» de la calidad del agua. Lobeira asegura que el proyecto es un «bo exemplo» de la «pintoresca» concepción que tiene el PP del litoral gallego, al primar la construcción de puertos deportivos sobre la actividad productiva.
Para el Bloque, el organismo competente para paralizar la obra es la Autoridad Portuaria. Para la cofradía de Cangas, el Foro Social y el propio concejal de Urbanismo cangués, Mariano Abalo, de ACE, también puede hacerlo el Concello. La alcaldesa, la nacionalista Clara Millán, no es de la misma opinión, sin embargo.
La regidora local se basa en un informe de la secretaria municipal del 2008 que indica que concluye que el Concello no tiene potestad para adoptar esta decisión. Recientemente, la funcionaria que sucedió en el cargo a la autora de dicho informe firmó un breve escrito en el que avala el informe en cuestión.
La cofradía, convencida de que la alcaldesa tiene efectivamente competencias, presentó una denuncia ante el fiscal previa a un contencioso para que el juez dictamine si tiene o no competencias. Entre otros argumentos, cita la reciente sentencia sobre el puerto de Punta Lagoa, que reconoce al Concello de Vigo el derecho a paralizar las obras de edificación asociadas al puerto por no contar con licencia municipal, ordenar su demolición y sancionar a la promotora.
La cofradía cuestiona el informe de la secretaria y muestra su sorpresa porque tanto esa funcionaria como la que la sustituyó en el cargo, desconozcan, según dice el abogado del pósito, que existe la ley 48/2003 que especifica en qué condiciones cabe autorizar una concesión de este tipo y, también, que no hagan mención alguna a que el proyecto de Massó no es de interés general.
Lamenta también que la actual secretaria no haya tenido en cuenta el informe elaborado a instancias del concejal de Urbanismo por el abogado vigués Jorge Buján Garrido, quien concluye que el proyecto precisa licencia municipal y que, dado que no fue solicitada, el Concello debe paralizar las obras.
La cofradía tiene interpuesto un contencioso en el TSXG contra la concesión. Los magistrados formalizaron anteayer la reunión de la que saldrá en los próximos días la sentencia. Sea cual sea el fallo, la parte perjudicada presentará, con toda probabilidad, el correspondiente recurso de casación.