Los condenados a trabajos comunitarios esperan más de medio año a que una comisión les entreviste y les adjudique una tarea
29 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La suspensión de los juicios por la llegada de las vacaciones ha permitido a los funcionarios de los juzgados de lo Penal de Vigo darse un respiro y hacer un balance de este año. Y la situación es que están con el agua al cuello.
Basta con examinar las montañas de expedientes de ejecutorias que se acumulan sobre sillas, mesas, repisas de la ventana, armarios o fotocopiadoras. La explicación está en que la implantación de los nuevos juicios rápidos de Tráfico con motivo de la reforma de la seguridad vial en mayo del 2007 y los malos tratos han disparado los cientos de expedientes de ejecución que seguirán vivos durante años y que los funcionarios deben comprobar uno por uno para evitar otro caso como el de Mari Luz.
Los casos por delitos de Tráfico han duplicado los procedimientos en los juzgados de lo Penal. Además, han provocado un nuevo fenómeno: el aumento de sentencias en las que los acusados, además de ser privados de su carné y multados, son condenados a realizar trabajos en beneficio de la comunidad. El problema está en que, a día de hoy, el sentenciado a cumplir este tipo de trabajos debe esperar más de medio año a ser entrevistado por la comisión que ha de valorar el perfil del condenado y adjudicarle un destino. Generalmente, el Centro de Inserción Social (CIS) Carmen Avendaño de Vigo es el encargado de este programa aunque, según los juristas, hay pocos convenios. En la presente semana, los responsables entrevistan a los conductores que fueron condenados en diciembre.
La situación se complica porque, en las entrevistas, algunos implicados aportan todo tipo de alegaciones y excusas por enfermedad para evitar llevar a cabo su tarea. Algunos consiguen retrasar la aplicación de la sentencia, la cual prescribe pasado un año.
Y los casos de malos tratos implican el seguimiento de órdenes de alejamiento, lo que supone más carga de trabajo.