El fiscal solicitará una pena de cuatro años de cárcel para los alcaldes de Covelo, José Costa y de A Cañiza, César Mera, por el caso de las obras del cámping de Maceira, que fueron sufragadas por fondos europeos y certificadas como acabadas cuando no lo estaban. Mera se defendió ayer asegurando que su función al frente del grupo de Acción Local Mancomunidad de A Paradanta Leader II no era comprobar el estado de los trabajos para reconvertir las instalaciones. «Para asegurarse de que el dinero se estaba invirtiendo bien estaba el gerente del grupo, sobre el cargo del presidente no existen normas jurídicas sobre sus funciones, así que yo me limitaba a firmar», recordó el regidor.
Precisamente ayer acudió por primera vez a declarar sobre el caso, puesto que su antigua condición de aforado, por ser senador, había provocado que fuese el Supremo el que tomase el relevo. A finales del año pasado, el tema regresó al juzgado de Ponteareas, donde se tomó declaración a tres de los once imputados.
La acusación particular, a cargo del grupo socialista local de Covelo, aseguró ayer que espera que tienen la esperanza de que el sumario se pueda cerrar este año para que el juicio pueda celebrarse el próximo año, nueve después de que se iniciasen los trámites de las ayudas. El PSOE solicitará mientras tanto que vuelvan a declarar los demás imputados en el caso, los concejales Juan Pablo Castillo, Hermindo Castro Valdés María Eugenia Estévez Carracedo, Francisco Rocha y José María Vázquez. También los ex ediles Nicanor Rodríguez Costa y Manuel Vicente Ramilo, que se unirían a la secretaria interventora María Jesús Rodríguez Freire y el ex gerente, Francisco Javier Alzola, que acudieron ayer al juzgado.
Junto a todos los implicados, el PSOE ha presentado ante la jueza documentación que busca implicar al actual presidente de la Diputación, Rafael Louzán. Según el grupo, el informe desvela que el ente provincial aportó dinero de libre designación al inicio de los trabajos, ayudas incompatibles con las europeas. Esta situación se volvió a repetir cuando el caso ya había sido denunciado. «Nuestro grupo pidió que en la Diputación se abriera una investigación porque se invirtieron 100.000 euros en unas obras por las que ya había gente inculpada ante la Fiscalía, pero no se investigó», recordó ayer el socialista José Antonio Rei. El portavoz apunta que las últimas ayudas se concedieron bajo la «excusa de equipamiento para la cafetería del cámping, pero al solicitar el expediente por vía judicial comprobamos que era para seguir con las obras, que ya se daban por acabadas hacía años».