Tres empresarios vigueses que son socios de la hostelería se enfrentan a un proceso sumarial que podría conllevar un castigo superior a los nueve años de cárcel para cada uno. El fiscal deberá ahora concretar la pena exacta que pedirá para ellos por los tres delitos de los que les acusó la policía de Extranjería: indución a la prostitución, infracción contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
El juzgado de Instrucción número 7 entregó ayer a la Quinta Sección de la Audiencia varios lotes de documentación policial y cintas de vídeo que son el resultado de una investigación que se remonta al 2005, que continuó con varias redadas en sus locales y que concluyó en junio del 2006 con el arresto de los tres hosteleros implicados, algunos de ellos familiares entre sí. Cuando se trata de un procedimiento sumario, la pena mínima que se baraja es de nueve años de cárcel.
La policía había efectuado varias redadas entre finales del 2005 y el primer semestre del 2006 en varios de los locales que dirigían los sospechosos. Especialmente sonada fue la inspección del 22 de febrero del 2006 al club Mamba Negra, ubicado en la avenida de Castrelos, 213.
La policía detuvo cautelarmente en aquella fecha a cinco camareras de alterne brasileñas, tres rumanas, una paraguaya y una venezolana por estancia ilegal en el país. Además, fueron identificadas otras diez brasileñas y una rumana porque carecían de autorización para trabajar en España.
Fiscalía
Esa operación policial, dirigida por la fiscal de Extranjería, se había desarrollado dentro de la campaña de lucha contra la inmigración ilegal. Una semana antes, la policía había realizado una redada en un pubs de la zona de O Porriño y Ponteareas y otra en Vigo. Su objetivo era luchar contra el trabajo ilegal y la explotación laboral de extranjeros.
Tras aquella redada, voces de una oenegé feminista reclamaron que, en vez de perseguir a las mujeres prostituidas, la policía arrestase a los proxenetas que dirigían la reclutación de mujeres y se lucraban con su explotación sexual. La asociación denunciaba que los investigadores deberían buscar pruebas contra quienes son los causantes «da industria da carne que queren rendabilizar ao máximo».
Las asociaciones contra la prostitución denunciaron entonces que las mujeres eran víctimas de métodos de las redes que incluían controles, sanciones, multas y deudas «como si elas fosen un ben de consumo».
Finalmente, unos meses después, entre mayo y junio, la policía de Extranjería siguió la pista de la documentación hallada en los pubs registrados y detuvo en junio a los tres socios de hostelería. El arresto pasó desapercibido en la ciudad debido a la discrección de los agentes. Los acusados, cuya identidad no trascendió, están en libertad a la espera del juicio.
El club investigado continúa su actividad como club y hostal, con 20 habitaciones.