La decisión evitaría la Ley Concursal en caso de encontrarse en causa de disolución


Con la decisión de acudir a la ampliación el consejo de administración del Celta está marcando el camino a seguir. Con su idea se descarta la opción de acudir a la Ley Concursal, una posibilidad que reserva la legislación para aquellos clubes que puedan estar en causa de disolución por sus deudas.

En estos momentos el capital social de la entidad asciende a 9,1 millones de euros después de que se realizase la segunda ampliación. La deuda reflejada en el último balance está muy por encima de estas cifras y el club necesita acogerse a la legalidad, de ahí que adopte esta iniciativa una vez que sus cuentas ya están depositadas en el fútbol profesional.

El máximo accionista del club en estos momentos es el presidente Carlos Mouriño que posee el 40%. En la ampliación de una SAD la primera emisión va dirigida a los accionistas actuales, la segunda a quienes hayan invertido en la primera y la tercera estará abierta a todo el mundo.

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