Dos familias de la parroquia viguesa de San Andrés de Comesaña llevan ya veintisiete meses sin poder habitar y entrar en sus domicilios a causa de las grietas que en el inmueble provocaron las obras del segundo cinturón a su paso por la zona de Pereiras. Tras ser desalojados con lo puesto por los bomberos en marzo del 2005 e iniciar entonces un largo contencioso, las dos familias lograron en febrero pasado el reconocimiento del Ministerio de Fomento de su responsabilidad en los desperfectos causados por la obra, pero nada más.
Una carta del Gobierno central recibida este verano dio cuenta a los dos matrimonios afectados de que la propia ministra Magdalena Álvarez había autorizado a que en lugar de los seis meses habituales para la resolución y estudio de las indemnizaciones, en el caso de Vigo se demoraran hasta doce meses, debido a la carga de trabajo con la que cuenta el Ministerio.
Temor a más retrasos
Francisco Javier Lago, uno de los propietarios del inmueble afectado, asegura que su familia se teme que se trate de una nueva maniobra dilatoria que podría acabar con un nuevo silencio administrativo. Eso les abocaría sin remedio a un nuevo proceso judicial que demoraría todavía más una situación que no ha hecho más que complicarse desde que los dos matrimonios fueron desalojados.
Desde ese momento los afectados, que ya tienen incluso un hijo de dos años que todavía no ha podido entrar en su casa y finca familiar, viven en un piso y una casa alquilada en principio por las empresas constructoras del cinturón. Sin embargo, el reconocimiento de su responsabilidad por parte del Ministerio ha hecho que el alquiler de los dos hogares ya no lo paguen las constructoras, pero por ahora tampoco el Gobierno central. «Nosotros les aseguramos a los dueños de las dos viviendas que van a cobrar el alquiler y ellos saben que es así, pero no tienen porqué esperar tanto tiempo», señala Lago Goberna.