PSOE Y BNG quieren que se busquen fórmulas políticas para impedir la obra en el borde litoral La alcaldesa asegura que se sigue avanzando en las negociaciones para que no se construya
27 dic 2004 . Actualizado a las 06:00 h.Los tres grupos de la oposición municipal reclamaron ayer al gobierno local que busque las fórmulas para hacer cumplir el acuerdo plenario en contra de la construcción del centro comercial A Laxe. La alcaldesa aseguró que el acuerdo del último pleno había sido pedir informes, algo que ya se hizo, y añadió que se sigue avanzando en las negociaciones para que no se construya. Mauricio Ruíz recriminó que por una parte los informes jurídicos son desfavorables a la supresión de la licencia y, por otra, se admite que no está elaborado el estudio de tráfico, mientras que el proyecto ya se está ejecutando. Sugirió la posibilidad de suspender la licencia a través de una nueva modificación del Plan Especial del Puerto para destinar a otros usos esa parcela. La iniciativa correspondería a la Autoridad Portuaria. Ventura Pérez Mariño recordó que toda la ciudad está en contra de una obra que en la actualidad tiene garantías de legalidad. Sin embargo, cree que el gobierno local no se puede limitar a pedir informes jurídicos, sino que tiene que buscar la fórmula para que ese edificio no se lleve adelante. En su opinión, pedir informes al secretario está muy bien, pero recordó que, además, existe la actividad política. El ex alcalde remitió a Corina Porro a las pistas ofrecidas por Ruíz Ceniceros sobre la modificación del Plan Especial del Puerto y le invitó a negociar, además de instarle a que, como presidenta, convoque un pleno urgente de la Zona Franca. Entiende que por mucho que Francisco López Peña sea delegado del Gobierno en el consorcio, si su grupo no está de acuerdo lo dirá, le traiga o no problemas. Lois Castrillo, del BNG, remitió a los edificios de A Bouza, que, pese a tener licencia no se construirán, y pidió al gobierno que demuestre su capacidad de negociar, en lugar de limitarse a sonreir. Para Xulio Alonso, del PG, el Concello no puede ir a remolque de Zona Franca.