Una obligación moral contra la impunidad


Después de las gravísimas irregularidades probadas durante la instrucción, el consejo de administración del Deportivo tiene que llegar hasta el final del caso Lendoiro. No cabe otra alternativa para el club, que cumplió con responsabilidad al personarse en la causa por supuestos delitos societarios, ilustró los desmanes del anterior presidente y cuantificó el grave perjuicio que aquella disparatada gestión causó a los más de 20.000 accionistas de la entidad. Después de que el contradictorio informe del fiscal desencadenase en el archivo provisional de la causa, todavía hay recorrido judicial para evitar la impunidad del gestor que ocultó durante años un sinfín de tejemanejes que le permitieron disfrutar de sueldos de hasta 9 millones de euros mientras situaba al club en riesgo de desaparición.

El propio escrito de la jueza que indica el archivo provisoinal de la causa abre una puerta al consejo de administración del Deportivo. En su auto, alude a que para poder ser calificada de delito la falsedad de la situación contable de la entidad, el Deportivo debe determinar «de manera clara y concreta el perjuicio económico». Algo que ya hizo y puede reiterar.

El club ya lo detalló durante la instrucción, pero no cuando el fiscal propuso el archivo de la causa. Entonces, después de varios años de minucioso trabajo jurídico, el consejo de administración declinó recurrir el escrito del Ministerio Público. Al callar, pareció otorgar. Un silencio que sería incomprensible ahora, por pura coherencia con las irregularidades que el Deportivo reveló durante los últimos meses de investigación judicial.

El consejo de Tino Fernández ya se refirió al daño económico causado al club, tanto de forma directa, como al retrasar la entrada en concurso, como ahora al evitar compensar beneficios con pérdidas en las bases imponibles negativas en el impuesto de sociedades (BINS). Solo por este último concepto, el consejo de Tino Fernández aseguró por escrito a la jueza del caso ya en febrero del 2017 que «se valora en 15,921943 millones el perjuicio derivado de la inexistencia de Bases Imponibles Negativas en los ejercicios en los que el RCD debería haber presentado pérdidas».

En los últimos meses el club insistió ante la jueza en las causas para que procesase a Lendoiro. Ahora llegó el momento para que aporte su visión final sobre el tema para evitar la impunidad de Lendoiro y defender los intereses de los accionistas.

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