El Deportivo apoya a la fiscalía en la petición de cárcel para Munúa

El entrenador del filial es uno de los investigados en el amaño del Levante y Zaragoza del año 2011


El Deportivo se ha alineado con la petición del fiscal en el escrito de acusación que ha presentado por el presunto amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza en 2011, cuyo resultado llevó al conjunto gallego a Segunda División después de veinte temporadas consecutivas en la élite y por el que pretende conseguir una indemnización.

Fuentes próximas al club coruñés han confirmado hoy que el Deportivo, en la misma línea que la Fiscalía, pide penas de dos años, que en principio no implicarían el ingreso en la cárcel, contra los futbolistas, técnicos y directivos investigados, así como una inhabilitación de seis años y multa.

Es el camino que ha emprendido el club con el objetivo último de conseguir una indemnización por los daños que produjo su descenso a Segunda División en 2011 como consecuencia del resultado de aquel partido presuntamente amañado. En este sentido, el escrito de acusación del Deportivo recoge que presentará una prueba pericial para concretar el perjuicio económico que supuso para el club la pérdida de la categoría.

El Deportivo ejerce acciones en este caso desde octubre de 2014, con Tino Fernández ya como presidente, y se ha visto inmerso en una curiosa circunstancia, ya que uno de los investigados es su actual entrenador del filial, Gustavo Munúa.

El Deportivo respeta la presunción de inocencia y brinda a Munúa la oportunidad de defenderse, indicaron  las mismas fuentes, por lo que el técnico, que suplió en noviembre a Cristóbal Parralo en el banquillo del segundo equipo, seguirá en su puesto.

El club prepara el escrito de acusación por el supuesto amaño del Levante-Zaragoza

La Voz

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El Deportivo prepara un escrito de acusación que presentará por el presunto amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza del 2011, cuyo resultado llevó al conjunto gallego a Segunda División.

Según fuentes del club coruñés, la entidad entiende que la sentencia, en caso de culpabilidad, no debe ir encaminada a la privación de libertad de los juzgados, por lo que las penas que pide no alcanzan los dos años. Sí en cambio, considera que debe haber una inhabilitación profesional y una cuantía económica que han de abonar los involucrados en el amaño pareja a la pedida por la fiscalía, que situó en 80 millones de euros.

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