El embargo de Hacienda recuerda que el Deportivo sigue en estado crítico

josé m. fernández A CORUÑA / LA VOZ

TORRE DE MARATHÓN

De no cerrarse el acuerdo con la Agencia antes del 7 de marzo, el club entraría en una lenta agonía

21 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

La posibilidad de que Hacienda iniciara los embargos una vez que el juez aprobara un convenio de acreedores en el que no se la había tenido en cuenta ya es una realidad. Solo un par de días después de que el juez Roberto Niño, titular del juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña, aprobara el convenio propuesto por Lendoiro en la junta de acreedores, la Agencia Tributaria reactivó los embargos, lo que en un primer momento afectó a todas las cuentas bancarias del Deportivo y a los nueve millones correspondientes al pago del segundo plazo del contrato de televisión de la temporada 2012-2013.

El organismo público, como medida preventiva, no quiso esperar a que la sentencia del juez Roberto Niño fuera firme, lo que demuestra que la situación del club sigue siendo tremendamente delicada. Posteriormente, Hacienda dejó sin efecto los embargos sobre el resto de las cuentas, lo que alivió una situación que de lo contrario hubiera supuesto la asfixia total de la entidad.

En enero del 2013 la jueza Zulema Castro había suspendido el embargo del segundo plazo de los derechos televisivos, sobre los que existía una derecho de prenda de NovaGalicia banco y el Banco Gallego, al considerar que ese dinero sería necesario para el funcionamiento de la entidad, por lo que ordenó ingresarlo en una cuenta de la administración concursal. Con posterioridad, el juez Rafael García, que llevó el concurso hasta diciembre del 2013, permitió la utilización de una parte de dicha cantidad para abonar deudas contra la masa -abono de las nóminas de la plantilla desde la entrada en concurso hasta el 30 de junio-, pero bajo tres condiciones para evitar que se lesionaran los posibles derechos de los acreedores.

Con la llegada de Tino Fernández a la presidencia del Deportivo, se restituyeron los nueves millones, una cantidad sobre la que, como los doce del primer plazo televisivo, que están en una cuenta de Hacienda, deben llegar a un acuerdo de reparto las entidades financieras y la propia Agencia Tributaria.

Ahora, el nuevo consejo de administración del Deportivo, que negocia la deuda privilegiada (93 millones en total: 62 de Hacienda y el resto de los bancos) condicionado por un convenio que no tuvo el apoyo de los principales acreedores, debe llegar a un acuerdo antes del 7 de marzo, fecha en la que la sentencia de aprobación del convenio es firme y en la que, por tanto, cesan los efectos del concurso. A partir de entonces vuelven a tener vigencia los requerimientos de Hacienda, ya que cobra efectividad la Ley General Tributaria y con ella el sistema de aplazamientos. De ahí que Tino Fernández se haya referido a la fecha tope del 7 de marzo para conseguir alcanzar un acuerdo. Hasta entonces puede negociarse un acuerdo singular, ligado al concurso; pero una vez cerrado el convenio, entran en juego las reglas ordinarias, lo que podría llevar al club a una lenta agonía.

Tino Fernández ha manifestado en repetidas ocasiones su confianza en llegar a un acuerdo global con Hacienda y con la las entidades bancarias, algo que espera que se produzca la próxima semana. De cualquier forma, el presidente del club también ha reconocido la existencia de diferencias sobre el plazo, la dificultad de salir adelante si se prolonga la estancia del Deportivo en Segunda División y el reparto entre Hacienda y las entidades bancarias de los 21 millones de euros (los 12 embargados por la Agencia Tributaria antes de entrar en concurso y los 9 sobre los que ha reactivado el embargo) procedentes de los derechos televisivos de la temporada 2012-2013.

El Las Palmas no ha reconocido los cerca de 1.200.000 euros que le reclama el Deportivo, durante el juicio que tuvo lugar ayer en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de la capital grancanaria. El Deportivo solicita esa cantidad más los intereses por el convenio suscrito entre ambas entidades en el 2004, y que fue revisado posteriormente. En el juicio intervino como testigo el exasesor jurídico del club, Germán Rodríguez Conchado.