Alberto Fabra: «No cerraré un colegio o un hospital por tener una televisión inasumible»

Europa Press

TELEVISIÓN

HEINO KALIS

La Generalitat valenciana cierra Canal Nou pese a que la Justicia tumbó el ERE y obligó a readmitir a un millar de trabajadores despedidos

06 nov 2013 . Actualizado a las 20:54 h.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado que el Gobierno no «cerrará un colegio o un hospital por tener una televisión autonómica».

El jefe del ejecutivo valenciano, en una entrevista en Onda Cero, ha justificado la decisión de cerrar la Radio Televisión Valenciana (RTVV) en la imposibilidad de asumir los 40 millones de euros al año que supondría la readmisión del millar de trabajadores que fueron despedidos en el ERE declarado ahora nulo.

«La sentencia es muy clara y no vamos a recurrir porque lo que tenemos claro en estos momentos es que las administraciones debemos priorizar aquello que es fundamental y es garantizar el estado de bienestar», ha asegurado Fabra con rotundidad.

El presidente valenciano ha reiterado que la «sentencia supone 40 millones que no tenemos y lo que debemos hacer es garantizar servicios básicos a los ciudadanos como educación y sanidad y lo otro, aún queriendo, es inasumible».

Por ello ha asegurado que tras la resolución judicial, la única vía posible «es el cierre y es lo que se va a hacer». Ha explicado que éste se hará mediante «los procedimientos jurídicos y procedimentales necesarios» y a través de un acuerdo en las cortes valencianas para proceder a la extinción del ente.

El cierre es innegociable

Poco después, en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, Fabra ha asegurado que el cierre del Canal Nou es «innegociable» y que se va a seguir un proceso «rápido» para proceder «cuanto antes» al cese de las emisiones de la cadena pública.

Ha adelantado que la directora general de RTVV, Rosa Vidal, no va a seguir en sus funciones y la ha responsabilizado de parte de las decisiones adoptadas en aplicación del ERE. Para Fabra, cerrar RTVV ha sido una decisión «nada cómoda, muy difícil», pero la única posible para seguir avanzando en la prestación de servicios básicos a los ciudadanos.