La nueva ley de la CRTVG permite destituir al director si gestiona mal

SERAFÍN LORENZO SANTIAGO / LA VOZ

TELEVISIÓN

PP y PSOE aprueban la norma, que reduce el consejo de 12 a 6 miembros

03 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

La Lei 9/1984 que permitió poner en marcha la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), y que ha regulado el funcionamiento del ente en estos 27 años, ya es historia. El Parlamento aprobó ayer, con los votos de PP y PSOE, la reforma del texto que, entre otras novedades, garantiza que el director general de la radio y la televisión autonómicas sea elegido por una mayoría cualificada de la Cámara, pero que también establece la posibilidad de su destitución automática en el cargo por mala gestión. En concreto, la nueva norma sitúa el umbral para esa salida forzosa en los casos en que se produzca una desviación presupuestaria igual o superior al 10 %.

Además del nombramiento del director por mayoría cualificada de dos tercios de los parlamentarios, lo que de acuerdo con el reparto actual requiere del consenso del PP y de uno de los grupos de la oposición, el texto contempla otras medidas orientadas a reducir el contexto político que rodeaba esa elección. Así, el nombramiento se producirá por un período de cinco años, con lo que no coincidirá con la renovación de la Cámara que tiene lugar cada cuatro años con los comicios autonómicos. En el caso del director actual, Alfonso Sánchez Izquierdo, su cargo debería ser renovado antes del verano, porque la norma habilita un plazo de seis meses desde su aprobación para actualizar la dirección del ente.

La ley también incluye medidas para rebajar el coste de la compañía, como la fusión de las tres empresas que la integran: CRTVG, Televisión de Galicia y Radio Galega. Aunque en el plano político la novedad de mayor calado es la reducción del consejo de administración del ente, que pasa de 12 a 6 consejeros, que además tendrán que tener dedicación exclusiva. La ruptura del antiguo modelo es uno de los puntos que motivó el desmarque del BNG, que reiteró que la ley amenaza empleos.