Siempre se ha competido por el «talento cualificado», pero de un tiempo a esta parte las ciudades y regiones ya no buscan atraer solo a las empresas, sino también a los propios trabajadores
24 mar 2021 . Actualizado a las 09:03 h.El auge del teletrabajo, favorecido por los avances tecnológicos e impulsado por el «covidgedón» ha desvinculado a muchos profesionales de las instalaciones de las empresas y clientes para los que trabajan y ha generado un nuevo fenómeno: una auténtica competencia por convertirse en la residencia habitual de los teletrabajadores. Pero ¿tiene algún sentido o es la enésima marcianada de políticos jugando con fondos públicos?
Topeka -la capital de Kansas, donde la población se ha estancado y el 20% de los trabajadores son funcionarios- te pagará 5.000 dólares del alquiler y hasta 10.000 para comprar una casa, si te mudas allí para trabajar. Eso sin olvidar los 1.000 jeroclos en sándwiches gourmet que te regalará Jimmy John's, un comercio local.
En Tulsa -la segunda ciudad de Oklahoma, que perdió 28.000 puestos de trabajo en la recesión de 2001- no tendrás bocatas gratis, pero te darán 10.000 dólares y sitio en un coworking si la eliges para trabajar de forma remota.
En Helsinki te proponen que te hagas finlandés durante 90 días para que conozcas la ciudad con tu familia antes de decidir si queréis quedaros definitivamente, acompañándoos durante todo el proceso.
Los nórdicos no son los únicos que facilitan las visas para que trabajadores remotos o digital nomads. Sus vecinos tienen un programa para conseguir un permiso de residencia en Estonia de un año en apenas 30 días. Si no te gusta el frÍo puedes irte a Dubai, Croacia o Singapur, entre muchos otros sitios. Hasta Antigua te tenderá una alfombra roja si te apetece marcharte a teletrabajar al caribe.
En algunos países, además, se ofrecen incentivos fiscales a este tipo de trabajadores. Como Grecia, donde los nómadas digitales solo pagan la mitad del impuesto de la renta, hasta un máximo del 22 %; o Portugal, donde se permite que -durante 10 años- un «residente no habitual» tribute al 20 % por los ingresos generados allí y nada por los que provengan del extranjero.
Es comprensible que la ciudadanía perciba como un sinsentido que se inviertan recursos públicos en convencer a extraños para que vayan a vivir a su región en vez de dedicarlos a ayudar a los que ya están allí, pero la residencia de estos profesionales proporciona un enorme beneficio a las regiones que los acogen.
Para empezar, la inmensa mayoría de estos programas de captación de teletrabajadores tienen trampa. Requisitos -como, por ejemplo, disponer de unos ingresos elevados, comprometerse a comprar una vivienda o contar con un seguro médico privado- que evitan cualquier carga a los servicios públicos de la región. Por poner un ejemplo, si te apetece ir a pasar una temporada a Islandia no tendrás ningún problema… siempre que puedas demostrar unos ingresos mensuales de al menos 6.600 euros.
Por eso estos teletrabajadores proporcionan un retorno inmediato en base a impuestos, tantos directos como indirectos, ya que más allá del IRPF con el que se les grave, la Administración también recaudará el IVA o los impuestos especiales aplicados al consumo de los mismos. Y aunque pueden suponer una mejora de la balanza comercial -puesto que al recibir salarios directamente desde el extranjero, estos cuentan como una exportación neta- una región también se beneficia al acoger a teletrabajadores nacionales.
De media, el 39 % del presupuesto de los ayuntamientos y hasta el 71 % del de las Diputaciones Provinciales depende de la transferencia de tributos gestionados por otras Administraciones. Por ejemplo, los municipios con una población de más de 75.000 habitantes reciben un porcentaje del IRPF (2,13 %), IVA (2,33 %) e impuestos especiales (2,92 %) recaudado de sus vecinos. Así que, dependiendo de dónde vivas y dónde gastes tus impuestos financiarán a una Administración u otra.
Pero más allá de ese retorno fiscal, hay otros beneficios intangibles derivados de la recepción de teletrabajadores. Por ejemplo, la posible transferencia de conocimiento y experiencia al ecosistema local. Ese es el principal objetivo de programas como Startup Chile o el French Ticket.
Los detractores de este tipo de iniciativas pueden argumentar que, la misma flexibilidad que favorece que los teletrabajadores se instalen en una región, también permite que se vayan a otra que les ofrezca mejores condiciones. En realidad mudarse no es tan sencillo -que se lo pregunten a padres con hijos en edad escolar- pero aunque lo hagan, estos residentes seguirán aportando valor incluso después de haberse marchado, porque al hacerlo generarán un red global de contactos, que podrán disfrutar los profesionales y empresas locales con quienes hayan interactuado durante su estancia.
En realidad, estos incentivos no son nada nuevo, pero en vez de destinarse a las empresas en exclusiva, ahora los profesionales también pueden beneficiarse de los mismos. Antes podía tener sentido perseguir a las grandes corporaciones en vez de a sus empleados, porque la presencia de las mismas era un requisito imprescindible para poder contar con los segundos, pero ahora -según el Joint Research Center de la Comisión Europea- un 40 % de los trabajadores europeos ha pasado a teletrabajar a tiempo completo como consecuencia de la pandemia, frente a solo el 15% antes del covid.
Además, la proverbial falta de profesionales en algunos sectores, como la industria informática, ha invertido los polos que provocan la chispa de la generación de empleo: si una región cuenta con profesionales cualificados las empresas vendrán detrás, no al revés.
Nadie sabe cómo será «la nueva normalidad» pero sí que hoy nos encontramos ante una oportunidad de oro para atraer talento de otras regiones y vincularlo a la nuestra. En el informe sobre la estrategia para convertir a España en «nación emprendedora» se habla vagamente de crear un programa de visados, pero el visado necesario para atraer teletrabajadores ya lo tenemos. También contamos con nuestras propias exenciones fiscales. No somos Andorra, pero nuestra «Ley Beckham» permite que los impatriados tributen durante cinco años al 24 % hasta los 600.000 euros de ganancias, mientras los nacionales nos comemos un IRPF que llega al 47 %.
Lo que necesitamos no son informes de 164 páginas sino acciones concretas -por ejemplo, algo tan sencillo como que los trámites para conseguir el visado puedan hacerse en inglés en vez de exclusivamente en castellano- o dejaremos escapar este tren. No van a pasar muchos más.
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