El Proyecto Hansei

Resulta imposible completar según qué trámites «online» excepto que tengas un sistema operativo y un software determinado


El pasado miércoles publiqué uno de los tweets con más «me gusta» de toda mi vida, en el que lleno de rabia e indignación ante la enésima vez que constataba que es imposible completar según qué trámites online -excepto que tengas un sistema operativo y un software determinado, justo lo contrario de lo que nos propone y permite una Red construida a base de estándares abiertos-, escribía lleno de rabia, indignación y amargura:

Rabia porque, en este caso, mi mujer había perdido casi un día entero intentando contestar online un requerimiento del Fondo de Garantía Salarial para cobrar la indemnización por un antiguo despido improcedente, una materia sobre la que el trabajador debería tener especial protección y las máximas facilidades.

Indignación al pensar que si para Candela -que está rodeada de informáticos y, posiblemente, pertenece al 1 % de ciudadanos de este país con más recursos a su disposición, tanto técnicos como humanos, para completar un trámite digital- había sido imposible contestar el requerimiento, después de probar en 2 ordenadores distintos, 2 sistemas operativos y 6 navegadores de distintas versiones, probablemente habría decenas de miles de personas con el mismo problema. Cientos de miles de horas desperdiciadas cada año por un proceso mediocre y un software ineficiente, una auténtica sangría económica para un país y un tejido empresarial que no puede permitirse semejante lujo.

Amargura, por saber que no podía hacer nada para cambiar un sistema donde la responsabilidad y competencia se difumina en un fango de diferentes Administraciones, legislaciones, licitaciones, contratos públicos y subcontratas.

El jueves, apenas un día después, el Ministerio de Economía anunciaba a bombo y platillo que España es el segundo país de la Unión Europea con mejores servicios públicos digitales, un supuesto logro -otra medallita- que, en base a las decenas de respuestas de mi famoso tweet, no se correspondía con la experiencia real de los usuarios de dichos servicios públicos.

Investigué en qué se basaba esa clasificación y llegué hasta el DESI o Digital Economy and Society Index, un informe publicado por la Comisión Europea que «resume indicadores relevantes sobre el rendimiento digital de Europa y registra la evolución de los Estados miembros de la UE en materia de competitividad digital». Lo siguiente que hice fue descargarme la parte sobre Servicios Públicos Digitales en concreto. Esa en la que quedamos segundos, solo por detrás de ni más ni menos que Estonia, uno de los países más digitalizados del mundo y probablemente el único en el que puedes solicitar un permiso de residencia digital. Casi nada.

Allí comprobé los criterios de valoración y cómo se habían obtenido los datos para evaluar cada uno de los mismos. Pude constatar que el origen de la mayoría de los datos era el eGovernment Benchmark, un informe confeccionado por una empresa privada -Capgemini- que, solo hasta 2018, tenía contratos por valor de 52 millones de euros para proporcionar servicios de consultoría informática a diferentes Administraciones Públicas españolas.

Sin poner en duda ni por un momento la objetividad de Capgemini, a pesar de ser «arte y parte» en dicho informe, quise conocer los criterios de evaluación y, al descubrirlos, se me cayó el alma a los pies. Los Estados deciden junto a la consultora qué webs y servicios deben ser analizados. Los análisis se realizan por ciudadanos anónimos que son seleccionados para probar los distintos servicios públicos, pero no aclaran cómo son seleccionados ni si usan Windows, Mac, Linux, un portátil, un móvil o una cafetera.

Pero lo peor de todo es que todo el informe se basa en 8 únicos procesos de los que cada año miden 4. En 2018 -el año en el que se recogieron los datos incluidos en el eGovernment Benchmark de 2019 en el que se basa el DESI de 2020, es de apreciar la increíble capacidad de reacción que nos dan estos informes en un sector tan cambiante como es el de la informática- se midieron en concreto «crear una empresa», «perder y encontrar trabajo», «estudiar» y «vida familiar», sea lo que sea esto último porque no se aclara en todo el informe.

Evidentemente, los datos en los que se basa la afirmación de que España es el segundo país con mejores servicios públicos digitales son cuanto menos discutibles y, probablemente, también muchos de los otros logos que intentan vendernos nuestros políticos, pero más allá de quejarnos muy fuerte en Twitter, ¿qué podríamos hacer como ciudadanos para señalar los fallos e ineficiencias de una Administración Pública digital y exigir su arreglo o mejora a nuestros dirigentes? 

Uno de los principales escollos para conseguirlo suele ser que los técnicos que tienen la experiencia y conocimientos necesarios para detectar esos fallos e incluso proponer soluciones a los mismos no tienen ni idea de cómo funciona la Administración Pública ni todo el sistema de oposiciones, contrataciones, concursos y licitaciones que provee y financia la estructura que mantiene los servicios donde encuentran esas ineficiencias.

Otro, que los que realmente podrían arrojar más luz sobre los presupuestos, requisitos de ejecución y mantenimiento de dichos servicios -los funcionarios y proveedores encargados de proporcionarlos- suelen ser atacados de forma indiscriminada y generalizada -acusándoles de indolencia, incompetencia o, directamente, mala fe- sin conocer el contexto y las circunstancias en las que dichos servicios fueron diseñados e implementados.

Todo eso ha provocado un mutuo recelo y ha levantado un muro entre unos y otros que solo beneficia a la mediocridad del sistema. Por eso, cuando me permito soñar con el día en el que tenga tiempo libre para desarrollar un side project, voy modelando una web que permita identificar errores de los servicios públicos online, estimar el coste de los mismos en base a estadísticas de uso, proponer una solución -si fuera posible- e identificar a la Administración responsable de dichos servicios y todos los contratos y adjudicaciones relacionados con el mismo para hacer llegar toda la información a los responsables reales de su evolución y mantenimiento, pero sobre todo para poder auditar y contemporizar otras inversiones para, supuestamente, mejorar la digitalización de nuestra sociedad, antes de resolver esa lista de problemas conocidos, lo que he llamado Proyecto Hansei.

Lo llamo Hansei en honor a uno de los conceptos centrales de la cultura japonesa que implica la consciencia de los propios errores como principal base para la mejora.

Para mi Hansei sería una web donde pudiera indicar que al intentar contestar un requerimiento del Fogasa adjuntando un certificado usando Autofirma 1.6.5 en la versión 83.0 de Chrome para un Mac con sistema operativo Catalina 10.15.5 recibo este error:

También sería una web donde poder sugerir, por ejemplo, que el mensaje de error fuera más descriptivo o que se dieran instrucciones más detalladas de quién es ese Administrador y cómo se le puede contactar.

Identificar qué Ministerio, Secretaría, Subsecretaría, Dirección General, Departamento y demás que están detrás de dicho servicio seguro que ayudaría a conseguirlo, pero también conocer las licitaciones y concursos públicos asociados al mismo, para poder identificar a los posibles proveedores externos encargados de su mantenimiento.

Y, por supuesto, también sería una web donde poder recoger el coste aproximado de dicho problema y el método de cálculo por peregrino que fuera -por ejemplo, si damos por hecho que 10.000 personas al año sufren este problema y que eso les supone invertir 2 horas de su tiempo a base de prueba y error, hasta que desisten y van a una dependencia pública a resolver el trámite, lo que implica otras 2 horas, implicaría un total de 40.000 horas al año que valoradas a 20 euros supondrían 800.000 euros- para ayudar a nuestros dirigentes a priorizar la resolución de problemas basado en su coste/valor, por muy aproximado que fuera.

Un proyecto así necesitaría una inmensa comunidad detrás y, probablemente, financiación para mantener la infraestructura necesaria para su mantenimiento. Pero es muy posible que dicha comunidad -y la financiación- pudiera cristalizarse alrededor de un evento anual, una conferencia técnica en la que se poder presentar los principales problemas encontrados y en la que -también- las distintas Administraciones y proveedores mostraran las soluciones implementadas para arreglarlos. Un punto de encuentro. A lo mejor sería mucho más sencillo proponer que una Fundación como Civio se hiciera cargo del mismo y simplemente conseguir donaciones para darles los recursos necesarios para hacerlo. No sé cuál sería la mejor forma de hacerlo, pero sé que alguien debería hacerlo.

Mejorar la usabilidad y accesibilidad del servicio público online necesario para que alguien cobre su prestación de desempleo no es tan vistoso como lanzar un Netflix para bibliotecas públicas, pero a lo mejor conseguiría que más de una familia no tenga que pasar por una situación desesperada. Conseguir que un trámite pueda hacerse de forma eficiente desde cualquier ordenador moderno no generará tantas fotos para nuestros políticos como la inauguración del enésimo vivero de startups, pero ahorraría miles de horas productivas para nuestras empresas.

Los Netflix públicos y los viveros de startups están muy bien, pero si de verdad queremos una sociedad digital, antes debemos exigir que los servicios públicos más básicos y elementales funcionen, no solo en un contexto tecnológico artificial y determinado, sino en la inmensa mayoría de circunstancias.

No sé si el Proyecto Hansei será alguna vez una realidad o si podría solucionar algo, pero sí sé que necesitamos un sistema que nos permita auditar facilmente lo que hacen nuestros políticos para modernizar y tecnificar nuestra sociedad y poder recordarles, cuando inauguren el enésimo vivero de startups o el próximo Netflix, Amazon o Uber público, que las prioridades son otras. Que hay batallas mucho más pequeñas, pero ganarlas nos acercaría mucho más al que debería ser el principal objetivo de cualquier Administración: mejorar la vida de sus ciudadanos. 

Oferta de trabajo que patrocina hoy La Bonilista

Backend Developer (entre 70 Y 90.000 euros + 80.000 dólares en stock) para Zscaler (Valencia)

Zscaler es una compañía de Silicon Valley, especializada en soluciones de seguridad en la nube. Tienen más de 20 productos en su portfolio y uno de ellos, Remote Browser Isolation intenta solucionar el problema que supone acceder a aplicaciones SaaS seguras desde dispositivos no tan seguros. ¿Cómo te puedes asegurar de que datos confidenciales o regulados no se queden en esos dispositivos? Para conseguirlo, Remote Browser Isolation renderiza el contenido y envía solo pixeles al usuario. Así como te lo estoy contando.

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Es un proceso que gestionamos directamente en Manfred, así que, si te interesa el puesto o conoces a alguien a quien crees que podría interesarle, tienes toda la información habida y por haber en la página de oferta que nos hemos currado, pero en cualquier caso puedes contactar directamente con mi compañero Jose (jose@getmanfred.com) que es quien lo está gestionando directamente.

 Este texto se publicó originalmente en la Bonilista, la lista de correo de noticias tecnológicas relevantes para personas importantes. Si desea suscribirse y leerlo antes que nadie, puede hacerlo aquí ¡es bastante gratis!

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