La aplicación

Más tarde o más temprano volveremos a la normalidad, otra cosa es que esa «normalidad» sea a la que estemos acostumbrados.


Posiblemente una de las mejores evidencias de hasta qué punto el COVID-19 está transformando nuestra Sociedad es el incipiente debate montado alrededor de la conveniencia de adoptar o no las medidas seguidas por China para contener el virus -y, sobre todo, la aplicación móvil necesaria para implementarlas- teniendo en cuenta que la misma podría vulnerar el derecho a la Privacidad, uno de los pilares de nuestra Sociedad. La discusión se centra en si debemos primar la efectividad por encima de la privacidad a la hora de controlar el virus... y es una duda legítima porque dicha efectividad podría salvar las vidas de nuestros seres queridos.

¿Qué pasará con mi madre -71 años de edad y fumadora durante la inmensa mayoría de los mismos, Disneylandia para el COVID-19- cuando por fin salgamos del confinamiento? ¿Cómo podrá ir a comprar el pan o coger el autobús con una mínima seguridad? ¿Hasta qué punto esa mínima seguridad justifica que el panadero, el conductor y el conjunto de clientes y pasajeros tengan que permitir a las autoridades saber en todo momento dónde han estado y con quién? Al intentar encontrar respuestas a esas preguntas he encontrado opiniones completamente dispares en personas que no son precisamente iletrados tecnológicos.

Cris Carrascosa, reputada abogada especializada en temas cripto y gobernanza distribuida, se sumaba a la propuesta del escritor Álber Vázquez de «volver a las cavernas» antes de permitir que un Estado orwelliano controle sus movimientos de forma constante. Sin embargo, mi queridísimo Andrés Torrubia -CEO de Fixr y experto en Inteligencia Artificial- cree que la implementación de esa aplicación será un compromiso entre la protección de nuestra privacidad y la efectividad a la hora de controlar el contagio. Y, ante esa elección, se posiciona claramente por priorizar la efectividad en una situación de urgencia.

¿Y tú qué opinas? ¿Qué crees que es más importante? ¿Salvar la vida de mi madre o cumplir la ley? porque el artículo 18.4 de nuestra Constitución establece que la misma debe limitar «el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».

En realidad, como ciudadanos, no deberíamos tener que elegir nunca entre salvar vidas o nuestros derechos y libertades, ni tenemos por qué hacerlo porque es una falsa dicotomía sustentada en el desconocimiento o el olvido de herramientas e instrumentos más allá de la tecnología para lograr un propósito.

Es verdad que desde la pura voluntariedad es imposible salvaguardar la privacidad por completo y garantizar la efectividad al mismo tiempo, pero hemos dotado a nuestro Gobierno del poder de crear leyes que le ayuden a conseguirlo y le hemos otorgado el monopolio de la violencia para asegurar su cumplimiento.

Ese inmenso poder está legitimado por la elección democrática de aquellos a lo ostentan y una serie de contraprestaciones -recogidas en forma de derechos en nuestra Constitución, desde los contenidos en el ya mencionado artículo 18, hasta el «derecho a la protección de la salud» especificado en el 43- a las que nunca deberíamos renunciar. Sin embargo, el miedo y el instinto de supervivencia pueden hacer que parezca razonable desmontar de un día para otro normas de convivencia que hemos tardado miles de años en construir.

En este estupendo hilo, Joaquín Cuenca -fundador de Panoramio, Freepik y BeSoccer- expone las concesiones que ya hemos hecho a ciertas empresas tecnológicas en cuestión de privacidad, consciente o inconscientemente, como una justificación de la expropiación en mayor o menor medida de la misma: «Hemos renunciado a nuestra privacidad para ver fotos de amigos, ahora se trata de renunciar a un poco de privacidad en caso de dar positivo para salvar a nuestros padres y abuelos».

Aunque comparto muchos de los razonamientos de Joaquín, creo que la comparación no es completamente acertada porque una cosa son servicios privados siempre sometidos a la Ley -que podemos usar o no, de forma completamente voluntaria- y otra, muy diferente, iniciativas públicas -obligatorias para el conjunto de la población- que se sitúen por encima de la misma.

Aunque sea tentador utilizar cualquier tipo de subterfurgios y atajos para protegernos en estos tiempos de incertidumbre y zozobra, si empezamos a ceder nuestros derechos ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Hasta el punto de suspender la democracia y otorgar a nuestro Gobierno poderes dictatoriales como ya ha hecho Hungría?

Si el razonamiento de Andrés para priorizar la eficacia por encima de la privacidad es que al blindar la segunda, la primera depende por completo de «la proactividad y disciplina del usuario» ¿qué haremos cuando detectemos un potencial riesgo de contagio para garantizar esa eficacia? ¿También obligaremos a la gente a pasar su periodo de cuarentena en un hospital u hotel especialmente acondicionado para ello como sucede en China? Porque, al contrario que en el país asiático, nuestra legislación no contempla el secuestro legal de ciudadanos por parte del Estado -ni siquiera en Estado de Alarma o de Excepción- y no se puede obligar a nadie a permanecer en un sitio en concreto, excepto que un juez así lo determine.

Todos estos supuestos solo sirven para comprobar cómo una crisis sanitaria -no digamos ya una guerra- puede hacer que nuestros valores y prioridades se tambaleen, hasta el punto de llegar a considerar una solución aceptable las aplicaciones informáticas para controlar a la población de un régimen totalitario que, hace apenas un par de años, nos horrorizaban. Porque, en realidad, nuestro Gobierno ya cuenta con los medios necesarios para crear una combinación de tecnología y normas que impidan la propagación del COVID-19 de forma efectiva, sin tener que renunciar a nuestra privacidad para conseguirlo.

El famoso RGPD -el reglamento europeo de protección de datos, que muchos han denostado y señalado como una de las causas de que las startups europeas compitan en inferioridad de condiciones con las estadounidenses- incluye salvaguardas por las que se permite el tratamiento de datos, incluidos datos de salud, sin el consentimiento de los afectados cuando sea necesario para atajar crisis sanitarias. Porque, en realidad, el RGPD no prohibe hacer prácticamente nada, simplemente indica cómo se deben hacer las cosas para que la protección de la privacidad y la efectividad sean complementarias en vez de antagónicas.

A mí no me importaría que, siguiendo las pautas del RGPD, el Estado recogiera datos personales míos siempre que sepa cuáles son, quién tiene acceso a los mismos, qué medidas de protección se han implementado para conservarlos y protegerlos y cuándo se eliminarán. Porque, aunque todo el debate parece centrarse en la geolocalización, la existencia de una base de datos sobre quién ha pasado el COVID-19 y quién no, con nombres y apellidos, puede ser extremadamente peligrosa si no se protege bien por parte del Estado o, directamente, hay compañías privadas que puedan acceder a esta información. ¿Qué pasaría si en el futuro se averiguara que la enfermedad puede tener secuelas y se discriminara a los que la hubieran padecido? O al contrario ¿y si en un proceso de selección se discriminara a los que no la hayan pasado todavía, no hubieran adquirido inmunidad y pudieran verse afectados por futuros confinamientos?

A mí no me importaría que el Estado implementara una aplicación que registrara toda la gente con la que he coincidido en el espacio-tiempo y permitiera a las autoridades saber mi identidad si hubiera estado en contacto con alguien contagiado por el COVID-19, si el código de la misma fuera auditable, como por ejemplo el del proyecto paneuropeo DP-3T o la iniciativa encabezada por la oncóloga y doctora en Informática Aurelia Bustos, Open Coronavirus. La preferiría 1.000 veces antes que un protocolo a nivel de sistema operativo implementado por compañías privadas.

Pero, sobre todo, a mí no me importaría que el estado promulgara las leyes y reglamentos necesarios para mejorar la eficacia de dicha aplicación -por ejemplo, exigiéndola para usar transportes públicos o pagar en cualquier establecimiento- si antes se cumpliera todo lo demás. Que lleguemos a considerar siquiera «aceptable» saltarnos todos los pasos anteriores es una muestra de cuánto nos ha cambiado el COVID-19... o no.

No sé si mi madre preferiría que nuestro Gobierno suprimiera algún derecho para lanzar lo antes posible y con la mayor eficacia una aplicación para luchar contra el coronavirus, pero quizás deberíamos preguntárselo. A ella y a toda su generación. Gente con edad suficiente para ser el principal grupo de riesgo en la actual pandemía y, también, para haber vivido la transición de una dictadura a una democracia. Para saber lo delicada que es esta última. A lo mejor, nos sorprendería su respuesta.

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