Cada vez que un internauta se conecta deja un rastro que permite a las tecnológicas facilitar el día a día de su usuario, pero también se abren un buen puñado de complejos debates sobre el uso de esta información.
05 dic 2019 . Actualizado a las 15:36 h.Los datos de los usuarios de Internet son el nuevo dinero o el nuevo petróleo. Es un pronóstico que airean reputados gurús tecnológicos y económicos sin miedo al desprestigio. Coinciden, además, en que esta predicción se podrá constatar en un horizonte de tiempo no muy lejano.
Facebook lanzó recientemente un experimento en Estados Unidos y en la India con el que, a través de una aplicación solo disponible para Android, ofrece a sus usuarios la posibilidad de monetizar la información que, aún sin pretenderlo, van aportando para que los gigantes tecnológicos conozcan mejor a sus comunidades. Cada vez que alguien realiza una consulta en un buscador, una compra en Amazon, un intercambio de correos electrónicos, una partida al Candy Crush o una simple conversación a través de WhatsApp va dejando un rastro que resulta de gran ayuda para que las empresas puedan identificar a sus potenciales clientes.
Un mensaje en el móvil para proponerle a un amigo una escapada a Madrid para disfrutar el puente de diciembre puede traducirse a las pocas horas en una batería de banners publicitarios con ofertas para comprar billetes de avión de ida y vuelta y dos noches de hotel en la capital para esas mismas fechas. ¿Quién no se ha sentido víctima de un bombardeo semejante?
A principios de año, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newson, reconoció durante su toma de posesión que se plantea legislar para que las grandes tecnológicas de Silicon Valley empiecen a contribuir por el beneficio que les genera la gestión de todos estos datos.
El valor de la información de los usuarios es un debate todavía en pañales debido a su gran complejidad, pero lo que parece claro es que ningún país dispone de la regulación legal necesaria para afrontar este nuevo desafío. Porque ya no se trata solo de un asunto económico: no existen dudas del trascendental papel que jugó Facebook para que el ultraconservador Jair Bolsonaro ascendiese al poder en Brasil, solo por poner un caso más reciente que el del magnate Donald Trump en Estados Unidos. Pero existe otro aspecto importante que no puede dejarse de lado a la hora de legislar, ya que en muchas ocasiones los datos sirven para facilitar la vida a los ciudadanos. En un viaje por carretera salta una alerta en el navegador para advertir de un colapso en una vía principal. Google sabe hacia dónde vamos, y sabe también que en unos kilómetros nos espera un atasco infernal que amenaza con agotar nuestra paciencia. Y sabe también cuál es la mejor alternativa para sortear el embotellamiento.
Rastrear la infinidad de huellas que los miles de millones de internautas mundiales vamos dejando cada instante que permanecemos en línea, y convertir toda esa información en algo manejable, es tarea para la inteligencia artificial. Las máquinas más avanzadas se nutren de datos que procesan a una gran velocidad para convertirlos mediante algoritmos en información en tiempo real y ampliamente detallada como una retención kilométrica en el peaje de Padrón. Google sabe que de repente se han quedado paralizados cientos de conductores en ese punto. Pero los avances en este campo son tan potentes que muchas de estas máquinas ya son capaces hasta de anticiparse al atasco. A base de los datos que les han proporcionado sus usuarios a lo largo de los últimos años, augura que un domingo soleado de verano a eso de las 19.30 horas existen muchas posibilidades para que la jornada playera acabe para muchos en un atasco. Mediante el machine learning o aprendizaje automático, las computadoras son capaces de aprender y predecir.
¿Seguimos manteniendo algo de privacidad? ¿Qué pueden llegar a saber Facebook o Google sobre nosotros? Las cuestiones que hay que plantearse son múltiples, y la complejidad aumenta cuando se añaden a la ecuación ciertos factores, como el de la seguridad personal. En el 2016, el presidente de Apple, Tim Cook, negó a un tribunal estadounidense la colaboración de su compañía para entrar en las tripas del iPhone de uno de los tiradores que participaron en el atentado de San Bernardino en el que fallecieron 14 personas. ¿Estamos condenados a elegir entre intimidad y seguridad? Más preguntas. ¿Quién controla toda esa información que generamos a diario? ¿Solo las grandes compañías? ¿Las comparten con los gobiernos?
Cada vez son más las administraciones y las empresas privadas que están recurriendo a la inteligencia artificial para responder a sus clientes o a sus ciudadanos. Una de las herramientas más comunes y a su vez desesperantes son los chatbots o contestadores telefónicos automáticos. Empezaron en emplearlos determinadas empresas telefónicas, pero cada vez son más los ayuntamientos que utilizan este servicio para atender a las consultas. Sin duda, supone un importante recorte en personal.
Y esta cuestión lleva inevitablemente a una de las preguntas que emerge con fuerza cada vez que asistimos a una revolución industrial. Desde los obreros de mediados del XVIII que vieron amenazados sus puestos de trabajo por la irrupción de la máquina de coser, más barata, más rápida, más productiva y generadora de muchos menos problemas, hasta la actualidad, en la que muchas profesiones corren el riesgo de acabar engullidas por la revolución digital.
Bill Gates planteó la necesidad de que las máquinas deberían pagar impuestos: «Si un robot reemplaza a un humano, este debe pagar impuestos como un humano», afirmó en el 2017 el fundador de Microsoft. La Unión Europea se posicionó en contra de esta idea. Ese mismo año, Corea del Sur legisló para favorecer a las empresas que se resistían a sustituir su capital humano por máquinas.