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Desconexión laboral y testamento digital, nuevos derechos de los españoles

Doménico Chiappe MADRID / COLPISA

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ACCU ESPAÑA

Cuentas de correo y perfiles sociales se pueden dejar en herencia a un albacea

19 oct 2018 . Actualizado a las 12:08 h.

Desde ayer, con la aprobación en el Congreso del proyecto de Ley de Protección de Datos, en el testamento se podrá nombrar al beneficiario de los datos personales en Internet, incluyendo cuentas de correo o perfiles de redes sociales. Es decir, especificar al «albacea» que obedezca las instrucciones recibidas para la utilización o eliminación de sus cuentas. En caso contrario, serán los familiares los que podrán «solicitar el acceso a los datos personales», para pedir «rectificación o supresión», a menos que «la persona fallecida (incluyendo a menores de edad) lo hubiese prohibido expresamente».

Contempla el derecho al olvido de información inexacta o desactualizada Es uno de los puntos de los «derechos digitales» recogidos en la nueva ley, que también contempla el «derecho al olvido en búsquedas de Internet», para que los motores de búsqueda eliminen de las listas de resultados los enlaces con información inadecuada, inexacta, impertinente o desactualizada. «Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web», al que se podrá llegar por otras vías, pero no por Google o similares. Este criterio también se aplicará en redes sociales, para suprimir los datos personales.

La libertad de expresión está garantizada, complementada con «protocolos» por parte de los «responsables de las plataformas» para la rectificación cuando los contenidos atenten contra el honor, la intimidad o la veracidad.

El proyecto de ley se aprobó por unanimidad del Congreso, con 341 votos a favor y ninguno en contra, y ahora pasará al Senado. En sus 97 artículos, adecuados al Reglamento Europeo de Protección de Datos, centra una especial atención en los menores de edad, con la intervención de la Fiscalía cuando se utilicen imágenes consideradas «intromisión ilegítima». Por su parte, el menor podrá consentir la cesión de sus datos personales a terceros a partir de los 14 años.

Uno de los puntos más importantes del proyecto de ley, presentado por el PP en febrero y ahora aprobado con más de 300 enmiendas, es el «derecho a la neutralidad de la Red», que estipula que las empresas telefónicas no podrán discriminar por motivos técnicos o económicos la oferta y acceso a Internet, y obliga a servir de manera universal, sin importar ni siquiera la ubicación geográfica. Además las empresas proveedoras deberán acatar la «portabilidad» de los contenidos que el cliente quiera pasar a otro prestador del servicio.

La ley garantiza la neutralidad en Internet y prohíbe la discriminación en el acceso a la Red Los derechos de los trabajadores se concilian con las tecnologías, al legislar el uso de los dispositivos móviles con la prohibición de que el empleador acceda a los contenidos de sus trabajadores, que tendrán «derecho a la desconexión» para el respeto de «su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad». Las empresas no podrán emplear «sistemas de geolocalización» con ánimo de control ni podrán grabar con cámaras de seguridad en zonas de descanso o de ocio.

Juristas y empresas del sector critican algunos puntos de la nueva ley

La carta de derechos digitales incorporada a este proyecto de ley a propuesta del PSOE y finalmente aceptada por el resto de los grupos no ha sido bien acogida por una amplia mayoría de juristas, internautas, empresas y organizaciones del sector tecnológico. En las últimas semanas estos manifestaron discrepancias sobre el procedimiento seguido para regular unos derechos universales de tal relevancia que, aseguran, habrían exigido un amplio debate previo fuera del marco de esta ley.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) tachó de «innecesaria, peligrosa y a medida de los políticos» esta ley. Afirma que la medida es «peligrosa» para la libertad de expresión y que durante su tramitación se eliminaron «los aspectos más problemáticos», como la prohibición, en la práctica, del anonimato en Internet, y la obligación de verificación de la veracidad de los contenidos por parte de las plataformas digitales, y se «suavizaron» otros.