Con el nuevo decreto ley, la compensación a los autores por las copias privadas de sus obras se cargará en los teléfonos, cedés y memorias
03 jul 2017 . Actualizado a las 16:09 h.El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto ley que modifica la compensación por copia privada y lo ajusta a derecho comunitario, por lo que el pago a los autores por las copias privadas de sus obras se cargará en los móviles, cedés y memorias, pero con excepciones sobre quién deberá hacerlo. A falta del desarrollo reglamentario del nuevo sistema, las tarifas que establece el nuevo canon digital marcan un gravamen de unos 20 céntimos de euro para los dvd vírgenes, 1,10 euros por cada smartphone y 3,15 euros por cada tablet. En el caso de los discos duros, el precio podría llegar a aumentar hasta en 12 euros.
Aprobado el nuevo canon digital, que se cargará a móviles, CD y memorias
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto ley que modifica la compensación por copia privada y lo ajusta a derecho comunitario, por lo que la compensación a los autores por la copia privadas de sus obras se cargará en los móviles, CD y memorias, pero con excepciones sobre quién paga.
Según el texto del real decreto, que sustituye al que declaró ilegal el Tribunal Supremo el año pasado, este nuevo canon digital vuelve al concepto principal que reinaba con el que entró en vigor durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El decreto aprobado hoy establece un modelo basado en el pago de un importe por parte de fabricantes y distribuidores de dispositivos digitales, que decidirán si aumentar el precio de los productos o asumir ellos el coste. Las entidades de gestión y las asociaciones que representan mayoritariamente a las empresas fabricantes de equipos y aparatos que asumirán la compensación por copia privada dispondrán de un mes para pactar las cantidades a pagar por este concepto, tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley.
Entre las excepciones incluidas en la nueva norma, quedarán exceptuadas de pago de derechos de autor las copias realizadas por las Administraciones públicas para uso profesional, las realizadas por personas jurídicas o físicas que actúen como «consumidores finales» y las realizadas por quienes cuenten con autorización.