No deja de resultar paradójico que la respuesta que algunos dirigentes proponen para frenar la sinrazón yihadista, y su ataque a la salud democrática, sea, precisamente, un mayor control sobre las libertades. Al calor del ataque contra Charlie Hebdo, y bajo una campaña del miedo, el premier David Cameron ha reabierto el debate sobre la necesidad de acceder a las comunicaciones de los ciudadanos. En concreto, abre la puerta a prohibir los servicios de mensajería con chats encriptados (como WhatsApp) que no permitan a los Gobiernos un acceso libre a sus mensajes. De forma velada les culpa de facilitar conversaciones ajenas al control policial.
Pero esta medida, además de ineficaz (los terroristas cuentan con aplicaciones propias, también cifradas), choca de frente contra el interés de las compañías para quienes extremar la privacidad es un valor añadido. WhatsApp incorporó en el 2014 el encriptado de mensajes ante la petición de millones de usuarios.
El Gobierno británico busca convencer a la opinión pública de que esa intromisión indiscriminada en su intimidad (un Gran Hermano que controle a todos, por si acaso) es la única vía para garantizar su seguridad. Olvida, sin embargo, que ese afán fisgón ha llevado en demasiadas ocasiones al abuso y a tratar de detectar no solo amenazas terroristas.