«Sigüeiro, AP-9, Tráfico en C5». Mensajes como este, con la ubicación exacta de los radares móviles, pueblan a diario diversos perfiles de las redes sociales, con información actualizada casi en tiempo real y aportada por los propios usuarios. Unos avisos que, por el momento, son legales, al no divulgarse ningún secreto y al no conseguirse de forma ilícita, pero sobre los que Tráfico sí lanza serias advertencias. Algunos agentes ya han tachado la actitud de los ciudadanos que dan la voz de alarma de imprudente y peligrosa. Creen que estos espacios aminoran la labor de prevención de los radares y anulan su efecto sorpresa, máxime cuando de lo que se alerta es de controles de alcoholemia, una información que los responsables de las cuentas reducen a minoritaria. Para ellos el objetivo principal es esquivar un procedimiento que creen recaudatorio.
El debate ya no se sitúa en el posible afán económico de algunos dispositivos sino en los riesgos derivados de esta práctica extendida, que conlleva distraerse al volante para escribir tuits, acometer maniobras peligrosas para tomar instantáneas o infundir a los posibles infractores la falsa creencia de que tienen dominio sobre los radares. Quien busca eludir un control lo hace por una razón.