Ley Lasalle sobre propiedad intelectual: Así nos afectará la heredera de la Ley Sinde

Una nueva tormenta se cierne sobre la sociedad de la información en España. Tiene forma de ley y apellido de político, el del secretario de Estado de Cultura que la promueve. Es la Ley Lasalle, la heredera de la polémica Ley Sinde. Y, de momento, no le gusta a casi nadie.

La normativa promovida por el Gobierno del PP tapará los agujeros que dejó su controvertida predecesora y regulará el delicado campo de la propiedad intelectual que ha generado tantas filias y fobias sobre todo alrededor de las descargas de Internet.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de reforma de ley que desde hace días ha generado ríos de controversia en las redes sociales. ¿La razón? Un borrador filtrado que anticipó las principales claves de la norma: la Ley Lasalle criminaliza el enlace, refuerza la capacidad de actuación y de sanción de la Comisión de Propiedad Intelectual y convierte en policías a todos los usuarios de la Red. Se teme que pueda fomentar una fuga de empresas a sedes instaladas en el extranjero.

Concepto de «copia privada»

En primer lugar, la nueva Ley Lasalle perfila el concepto de copia legal, fijando los límites entre lo privado y lo público. Establece que estarán permitidas aquellas copias que se hagan de un soporte original, siempre y cuando este producto haya sido comprado por el usuario, se haya adquirido en propiedad, dejando fuera las copias de obras alquiladas o prestadas. Esta copia, además, deberá hacerse por medios propios, sin asistencia de terceros. Las grabaciones de contenidos que se emitan por televisión o radio solo serán legales si se hacen para disfrutarlas «en el momento oportuno», es decir, si son temporales. Guardar o almacenar de forma permanente estas copias no estará permitido.

La Comisión Sinde, la multadora

La Comisión Sinde o Comisión de Propiedad Intelectual, creada en el año 2011, cogerá fuerzas con la nueva Ley Lasalle. Contará con más poder, más capacidad de acción y más manga ancha para establecer sanciones y cerrar determinados portales. Este organismo designado por el Gobierno, que desde el primer día ha contado con el respaldo de los autores y el rechazo de los internautas, se encarga de detectar, a través de las denuncias de los usuarios, y «castigar» a las páginas web que vulneren los derechos de propiedad intelectual.

Con la nueva modificación del texto se incorporan potestades a la Comisión, que, a partir de ahora, no solo «luchará» contra páginas de descargas, incluso de enlaces, sino también contra cualquier página denunciada que, a su juicio, infrinja la protección de los derechos de autor. La Comisión podrá, además de solicitar la retirada de contenidos o enlaces, cerrar dichos portales e incluso establecer sanciones económicas. Para tomar medidas tan drásticas necesitará «previa autorización judicial», dice el anteproyecto de la Ley Lasalle.

El texto reza: «Se dota a la Comisión de Propiedad Intelectual de mecanismos más eficaces de reacción frente a las vulneraciones cometidas por prestadores de servicios de las sociedad de la información que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada (...) incluyendo la posibilidad de requerir la colaboración de intermediarios de pagos electrónicos y de publicidad».

Así, la Comisión Sinde tendrá el poder de cerrar portales o asfixiarlos económicamente, tanto con multas que van desde los 30.000 a los 300.000 euros, como forzando a otros proveedores de servicios, como, por ejemplo, a las empresas de publicidad, a dejar de trabajar con estas páginas.

Enlazar también será delito

Además de aquellos sitios que directamente pongan una obra a disposición del usuario, la Ley Lasalle ampliará su ámbito de aplicación a los portales que faciliten de forma «específica y masiva» la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de manera notoria. O lo que todos conocemos como webs de enlaces.

La nueva normativa se guarda, sin embargo, de sancionar a buscadores como Google y aclara con detalle que la nueva disposición afecta a lugares que ofrecen «listados ordenados y clasificados de enlaces a tales contenidos», incluyendo las páginas en las que los enlaces son proporcionados por sus usuarios y no por el administrador de la web, a pesar de que estas obras enlazadas se encuentren alojadas en páginas extranjeras.

La diferencia de la Ley Lasalle con la Ley Sinde es que la nueva normativa incluye en el saco a cualquier intermediario que participe en el «delito», no solo a aquellos que cometan una infracción directa. A partir de ahora, pagará también el mensajero.

Los operadores y los usuarios, los nuevos policías de la Red

Otra de las modificaciones más importantes que incorpora la Ley Lasalle concierne a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, en los que se incluyen operadores o empresas proveedoras de publicidad. Si los internautas ya se habían convertido en policías de la Red, con la responsabilidad de denunciar aquellos lugares que incumplieran los derechos de autor, ahora las compañías proveedoras de estos servicios se verán obligadas a señalar a los infractores.

Hasta ahora siempre se habían negado a colaborar. Sin embargo, la reforma de la Ley Sinde establece que el Gobierno podrá pedirle al juez que exija a las compañías operadoras identificar «con una dirección IP, nombre de dominio, dirección de Internet o dato similar» a los usuarios que sean denunciados.

Reacciones a la Ley Lasalle

El filtrado del borrador de la Ley Lasalle provocó una gran cantidad de reacciones en la Red. La mayoría son negativas. Y provienen de sectores en teoría enfrentados. Tanto críticos furibundos de la Ley Sinde como los portavoces de las entidades de gestión de los derechos de la propiedad intelectual la rechazan. Los primeros por «limitar los derechos de los ciudadanos» al convertir en ilícitas las descargas; los segundos por no recoger «sus criterios y aspiraciones».

Estas entidades tienen también otro motivo para la queja: tras el escándalo que fulminó a la cúpula de la SGAE, la Ley Lasalle incrementa los mecanismos de control sobre ellas.

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