El uso de estándares abiertos en la Administración, propuesto por los funcionarios gallegos como alternativa a los recortes, podría suponer una importante medida de reducción de gasto público
23 feb 2012 . Actualizado a las 14:44 h.Como respuesta al plan de reducción de gastos de personal de la Xunta presentado por Núñez Feijóo, los servicios centrales de la Xunta entregaron una batería de propuestas alternativas en aspectos que era necesario recortar y, entre ellas, se encontraba la de apostar por el software libre en la administración gallega, una proposición que parecía pasar desapercibida, pero de la que pronto se harían eco las distintas plataformas de apoyo a los estándares abiertos.
De hecho, el software libre tiene una serie de características atractivas. Alejandro Escobar, que ostenta la presidencia de la Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (Agasol), considera que su uso «promove a eficiencia no gasto público, mellora a sostenibilidade dos servizos (as aplicacións libres non están ligadas de forma irreversible aos seus fabricantes, e a propia empresa pode melloralas), aumenta os niveis de independencia tecnolóxica, fomenta a participación dos usuarios e, por tanto, incrementa a competitividade nas empresas».
Por estas razones, tanto asociaciones de software libre como funcionarios defienden la implementación de estas tecnologías en la administración, máxime cuando el ahorro derivado de la migración a software libre sería cuantitativamente importante.
La Junta de Extremadura anunciaba, a finales de 2010, un ahorro de 37 millones de euros anuales por el uso de estándares abiertos en la administración. Alejandro Escobar observa que el cálculo en Galicia es una operación compleja, aunque añade que, dado que la comunidad «é aproximadamente do triplo de tamaño que Extremadura en poboación, sen datos obxectivos e aventurándonos, estamos seguros de que esa cifra podería ser aquí de máis do dobre que en Extremadura», una cifra que se aproximaría a los 80 millones de ahorro buscados por el Gobierno gallego.
Desde los sindicatos tampoco se manejan cifras concretas, aunque también admiten la magnitud del ahorro. Alexandre Prieto, de CiG-Autonómica, recuerda que el cómputo no se limita al alquiler de licencias, sino que hay que sumar el gasto en «servidores en sistemas libres, sistemas de documentación ou correo corporativo», y añade la ventaja de eliminar la dependencia de una sola empresa (como Microsoft), ya que, «para a solución de problemas ou a adaptación das ferramentas, poderíase acudir a calquera empresa informática especializada no software libre, o que favorece o negocio das empresas locais e dá a posibilidade de buscar mellores prezos». Y apunta que «habería que contratar instaladores para os equipos da Xunta e, aínda gastando significativamente menos do que se está a gastar na actualidade, estaríanse xerando postos de traballo».
El compromiso de la Xunta con el software libre
Desde la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica indican que «a Xunta de Galicia está lonxe de ser reticente na implantación de software libre na administración pública», y pone como ejemplo que la Guía de Boas Prácticas para a contratación TIC «considera o software libre unha alternativa prioritaria á hora de iniciar calquera novo proxecto».
Modernización defiende el apoyo de la Xunta a la tecnología de códigos abiertos, y considera que los planes desarrollados, como el Plan de Software Libre de Galicia, el primer plan integral para el impulso del software libre, o el Plan Abalar, centrado en su implementación en el sistema educativo, son pruebas del compromiso del Gobierno gallego en este ámbito.
En este sentido, los datos avalan su gestión en cuanto a fomento de los sistemas abiertos en la sociedad, ya que la implantación del software libre en la comunidad ha experimentado desde 2008 un crecimiento de 30 puntos en pequeñas y medianas empresas.
Con respecto al ahorro en cuestiones de software, admiten que las administraciones tienen la responsabilidad de «facer un uso máis eficiente do investimento en novas tecnoloxías» y recuerda que, desde el Gobierno «unificáronse os contratos de software privativo, aforrando un 37% no pago de licenzas. Ademais, o novo modelo contractual permitirá reducir un 18% os prezos fronte á situación anterior na que cada consellería realizaba os concursos por separado».
Un proceso de migración largo y complejo
Alejandro Escobar, de Agasol, valora muy positivamente el compromiso de la Xunta con respecto al software libre e incide en el «bo nivel de interlocución» de la asociación con la Secretaría Xeral de Modernización, aunque recuerda la necesidad de que «calquera administración pública que defenda o software libre se propoña usalo internamente, dunha maneira transversal» y estudie «a viabilidade da súa propia migración».
Desde Agasol creen que el hecho de que el Gobierno gallego no se haya propuesto la migración puede deberse «a unha cuestión de confianza, porque os grandes desenvolvementos que necesitaría unha administración autonómica requiren dun sector TIC baseado en software libre de calidade, consolidado e forte», algo que consideran demostrado, «pois contamos coa experiencia e os profesionais necesarios aquí en Galicia».
Un aspecto que se suma al tiempo y recursos necesarios para conseguir una migración completa. «Un cambio deste tipo debe ser consensuado por todas as forzas políticas, e unha lexislatura non sería suficiente», afirma.
También desde los sindicatos comprenden la complejidad del proceso, aunque, según asegura Alexandre Prieto, «empezaría a aforrar dende o primeiro momento», por lo que considera imprescindible que se empiecen a dar los primeros pasos en firme «encargando programas con códigos abertos», lo que redundará en que la administración pública consiga una mayor independencia y autonomía «con respecto a empresas alleas e, máis concretamente, estranxeiras».
Fuentes de la Xunta de Galicia apuntan también en esta dirección, al considerar que la movilización de recursos necesaria para la migración a sistemas abiertos implicaría una merma o paralización de los proyectos que se desarrollan actualmente, y que consideran prioritarios.