El Ministerio Público refuerza los órganos específicos para combatir la criminalidad informática, que se ha disparado en el 2010.
30 oct 2011 . Actualizado a las 20:16 h.Cada mes cualquiera de las altas instituciones del Estado recibe en su página web hasta 20 ataques informáticos calificados de «graves». El dato no es baladí. Muestra, en su extremo más temible, la realidad de la 'ciberdelincuencia', uno de los fenómenos criminales que más preocupa a las fuerzas de seguridad del Estado.
La batalla se juega en un campo virtual en constante evolución, donde el 'enemigo' va un paso por delante de la Justicia. El reto consiste ahora en reforzar la actuación de la Fiscalía después de que en diciembre pasado se endureciesen las penas contra los delitos informáticos.
El Ministerio Público ha dado un paso adelante y el pasado 11 de octubre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, firmó una instrucción interna en la que anunció la puesta en marcha de unidades específicas para combatir la criminalidad informática a través de Internet. Se trata de crear una estructura de ámbito nacional dirigida por un fiscal de Sala especializado, quien, a su a vez, coordinará el trabajo de los nuevos delegados que se ocuparán de de esta materia en las diferentes Fiscalías provinciales.
Consiste, en suma, en equiparar la criminalidad informática a temáticas especializadas como seguridad vial, siniestralidad laboral, extranjería o cooperación internacional. Al frente de este equipo estará la fiscal Elvira Tejada, quien llevará los procesos penales de especial trascendencia y marcará los criterios de actuación de los delegados provinciales.
Entre las funciones de nueva sección estará intervenir en las investigaciones «más importantes o de mayor complejidad», ejercer la acusación en los juicios donde se ponga en juego el interés público y mantener las relaciones de colaboración oportunas con las unidades especializadas de la fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado o, en su defecto, por las policías autonómicas.
Catálogo delictivo
Perseguir la criminalidad informática no sólo es complejo desde el punto de vista operativo, sino también desde el marco legal, dado el extenso catálogo de delitos que le competen. La instrucción de la Fiscalía General del Estado enumera nueve delitos en tres categorías según la importancia que tenga el uso de las nuevas tecnologías para su comisión.
En un primer apartado aparecen los delitos de daños, sabotaje informático y ataques de denegación (castigados con penas de seis meses a dos años de cárcel, con el agravante de superior condena si forma parte de una organización criminal o ha provocado un grave daño al interés general). Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos a través de Internet cuyo objeto sean datos que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos electrónicos (de uno a cuatro años) o aquellas revelaciones que afecten a empresas (pueden alcanzar hasta los cinco años de prisión si es para vender los datos a un tercero).
En un segundo grupo figuran aquellos se sirven de las tecnologías para perpetrar el delito, se encontrarían las estafas (penas superiores al año) que perjudiquen a un segundo, los delitos de acosos a menores de 13 años (hasta tres años), corrupción de menores o pornografía infantil (hasta cinco años o diez si hubiera violencia e intimidación) y propiedad intelectual (hasta dos años).
Finalmente se encuentra los delitos del tercer capítulo, en los que se requiere conocimientos informáticos para su comisión. Se encontraría la falsificación documental (hasta seis años si es documento público), las injurias y calumnias contra funcionario público (faltas), las amenazas y coacciones (de uno a cinco años), la apología o incitación al odio (de uno a tres años) y contra la integridad moral (de seis meses a dos años).
La instrucción de la Fiscalía recuerda la «complejidad» de la investigación de la criminalidad informática por su carácter «transfronterizo», bien porque algunos partícipes o víctimas operen o residan fuera de España o bien porque sean empresas de las que hayan de recabarse datos esenciales para la investigación las que estén ubicadas en otros países.
Junto a esta dificultad, el Ministerio Público alerta que «la limitación temporal en la conservación de datos supone, en ocasiones, que dilaciones en la tramitación de la causa conduzcan a la completa frustración del procedimiento por haber desaparecido datos indispensables para la identificación del autor del delito». En conclusión, «no es infrecuente» -añade el escrito de Conde-Pumpido- que la investigación «se exceda de lo deseable» por la «saturación» de los equipos especializados de la Policía Judicial para la elaboración de informes periciales.