El Congreso aprueba una moción para que el Gobierno aclare su postura sobre el cierre de webs

La propuesta, aprobada con los votos de 335 diputados, busca respetar los derechos fundamentales de los internautas.


El pleno del Congreso ha aprobado hoy una moción del Partido Popular para que el Gobierno aclare su postura en torno al cierre de webs sin autorización judicial y que incide en el respeto de los derechos fundamentales del ciudadano.

En dicha moción, el Grupo Popular insta al Gobierno a impulsar un escenario de seguridad jurídica en Internet que proteja de un modo eficaz los derechos de propiedad intelectual, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos y con la garantía de que únicamente la autoridad judicial será la que interrumpa el servicio o decida la retirada de contenidos en la Red. La moción debatida hoy fue aprobada hoy con 335 votos a favor y 6 abstenciones.

El Grupo Popular destacó que las medidas propuestas por el Gobierno «no son lo suficientemente garantistas con las previsiones de la Constitución española». «El cierre de webs sin intervención judicial vulneraría la libertad de expresión y el derecho al acceso de la información recogido en el artículo 20 de la Constitución, que son objeto fr tutela judicial efectiva», recordó Lasalle. El portavoz popular solicitó al Gobierno que presente ante el Congreso un anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, donde se incluyen estas medidas, que «esté a la altura de la problemática global que encierran los derechos de autor en el entorno digital, dentro de la estrategia aprobada en noviembre de 2009 en el Congreso de los Diputados y suscrita por todos los grupos parlamentarios».

El diputado socialista José Andrés Torres Mora destacó que su grupo se posiciona a favor de la moción «como gesto a favor del diálogo, mientras que el Partido Popular se mueve en dirección contraria a él». Tanto PNV como CiU aprobaron la moción asegurando en sus intervenciones que «no aporta nada». La representante de CiU Montse Surroca destacó el interés del Partido Popular por «rentabilizar el tirón mediático» que despierta la defensa de la propiedad intelectual en Internet «sin que sea de gran ayuda».

El diputado de ERC Joan Tardá apuntó que estas medidas de protección de propiedad intelectual «protegen a las 'majors' y a la SGAE sin fijarse en otros aspectos». Durante su intervención, recriminó al PP «hacer un favor al Gobierno» al no aceptar su enmienda que exige al ejecutivo presentar un proyecto de ley en un plazo de 60 días con posterioridad a las conclusiones de la subcomisión parlamentaria creada para regular la defensa de la propiedad intelectual.

El Grupo Mixto mostró durante su intervención «profundas discrepancias en el fondo y forma con la manera de actuar del Gobierno» en las formulaciones de la disposición final primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Jorge Gago, del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), perteneciente al Grupo Mixto, aseguró que el Gobierno no muestra en el Anteproyecto «un equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual con respecto a los derechos fundamentales de los ciudadanos». «Ningún ciudadano será desconectado de la red sin la intervención de un juez y estamos debatiendo para que los derechos de todos puedan ser protegidos con las máximas garantías y la máxima velocidad posible. Serán las Cortes las que tengan la última palabra», respondió en el pleno del Congreso la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el mismo día que se presentó esta interpelación.

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