Su volumen de negocio se ha reducido en un 65% en los últimos tres años. Consideran «insuficientes» las medidas contempladas en la ley de Economía Sostenible.
02 feb 2010 . Actualizado a las 20:18 h.Productoras y distribuidoras discográficas independientes han presentado un escrito al Ministerio de la Presidencia en el que reclaman soluciones a la piratería en internet y en el que se imputa responsabilidad a la Administración por los perjuicios que esta práctica les ocasiona. Estas empresas, asesoradas por Alberto Segura -del despacho de abogados Roca Junyent--, reclaman al Gobierno la «adopción inminente» de medidas efectivas que protejan los derechos e intereses de la industria discográfica y los derechos de propiedad intelectual de los agentes que intervienen en el proceso de creación musical dentro de la red.
El manifiesto también ha sido enviado al resto de ministerios que componen la comisión interministerial creada por el Ejecutivo para buscar soluciones a la piratería en internet. Las empresas firmantes del escrito son Blanco y Negro Music, Discmedi, Distribuciones Disclub, Fonogramas Metropol, Ok Records, Pis Records Spain, Popstock, Producciones Blau, Bcore Disc, Columna Música, Gorvijac Music, Kasba Music, K-Industria Cultural, Meta Network, Música Global Discográfica, Open Records y Picap.
Las pequeñas y medianas empresas que conforman el sector discográfico independiente manifiestan la magnitud de los perjuicios que viene sufriendo el sector como consecuencia de la «falta de actuaciones efectivas llevadas a cabo por la Administración para combatir la masiva vulneración de derechos de protección intelectual que se realiza en internet». Para la industria discográfica, esta vulneración comporta que los productos que ella saca al mercado y distribuye, tras un proceso productivo «que requiere importantes inversiones», son adquiridos por los consumidores sin pago de precio alguno.
Este sector considera que las medidas contempladas en la ley de Economía Sostenible son «insuficientes», puesto que «no resuelven la cuestión que se considera más relevante». Ésta no es otra que la «imposibilidad actual de ejercer acciones civiles contra aquellos usuarios finales que se apropian gratuitamente de los productos musicales y vulneran sistemáticamente los derechos de propiedad intelectual».
Responsable patrimonial
Ante la falta de adopción por parte de la Administración de medidas dirigidas a evitar las descargas ilegales y penalizar al infractor final, las discográficas independientes iniciarán un procedimiento contra la Administración, «en calidad de responsable patrimonial de los daños que se están generando al sector como consecuencia de la piratería digital y la pasividad de las autoridades».
Desde la irrupción de la descarga masiva y gratuita de archivos por internet, las discográficas estiman que, en los tres últimos años, las pequeñas y medianas empresas firmantes del escrito han visto amenazada su actividad empresarial, al reducir su facturación en un 65% de media. Esto ha llevado aparejado que el número de trabajadores ocupados en el sector ha descendido en un 40% desde el año 2004. Además, estima que el número de establecimientos relacionado con la industria fonográfica que han cerrado en los últimos años ha sido de unos 800
Por otro lado, la nueva línea de negocio que debía significar internet «no ha generado los correspondientes ingresos», pues a lo largo de 2008 se contabilizaron 2.000 millones de ficheros musicales descargados ilícitamente de internet, frente a 20 millones descargados de forma legal. Las pymes que suscriben el manifiesto 'exigen' que la Administración adopte medidas que vayan dirigidas a «impedir y penalizar» la apropiación gratuita de sus productos y las conductas que vulneran los derechos de propiedad intelectual.
Para ello, las discográficas y distribuidoras independientes reclaman la «imperiosa necesidad» de modificar el marco normativo existente. La modificación reclamada sigue la línea marcada por los países que más han avanzado en la lucha contra la piratería digital, como es el caso de Francia, Suecia y Reino Unido, «así como la normativa que se ha venido aprobando en los últimos años por la Unión Europea».