Rueda mantiene el compromiso de invertir en la integración urbana del puerto de A Coruña
PUERTOS
El presidente pide al gobierno local coruñés que explique su desmarque del acuerdo alcanzado en el 2021 con la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado
19 ene 2023 . Actualizado a las 09:49 h.El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda ha mostrado hoy miércoles su «sorpresa» por la decisión del gobierno local de A Coruña de desmarcarse del acuerdo que el Ayuntamiento había alcanzado con el Gobierno gallego, la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado para adquirir los muelles de Batería y Calvo Sotelo, en pleno centro de A Coruña, con el fin de urbanizarlos y enjugar la deuda de la Autoridad Portuaria por la obra de la dársena exterior de Langosteira.
Rueda afirmó que la Xunta mantiene «o seu compromiso de facer aportacións económicas» para la compra de esos terrenos, de acuerdo a las anualidades que las citadas Administraciones pactaron en septiembre del 2021. El presidente afirmó que no es posible «entender moi ben» el anuncio del gobierno coruñés -verbalizado por su número dos, José Manuel Lage, en un programa radiofónico y refrendado después por la alcaldesa de A Coruña-, aunque planteó que quizá se deba a la proximidad de las elecciones municipales o a que se hayan arrepentido de lo que acordado. En todo caso, insistió, debe ser el Ejecutivo de Inés Rey el que explique sus razones.
En septiembre del 2021 se acordó que el Ayuntamiento compraría el 75 %, la Xunta el 20 % y la Autoridad Portuaria abonaría el 5 % restante. Con el fin de evitar problemas de financiación se acordó además que los pagos podrían hacerse hasta el 2035.
Fue el propio gobierno local de A Coruña quien exigió adquirir el 75 % de los terrenos, aduciendo que los muelles debían ser propiedad de la ciudad. La propuesta inicial de la Xunta, entonces presidida por Alberto Núñez Feijoo, era que el Gobierno gallego comprase el 55 % con una aportación de 20 millones de euros. Pero ante la enérgica reclamación del consistorio -«el puerto es de los coruñeses y seguirá siéndolo mientras sea alcaldesa», dijo entonces Inés Rey-, el Ejecutivo gallego aceptó sin discutir una reducción de su porcentaje y anunció que dedicaría la diferencia hasta 20 millones de euros a otras inversiones.
Las dos Administraciones discutieron después el coste de urbanización, que a juicio de la Xunta debía ser equivalente al porcentaje de propiedad. Pero el Ayuntamiento reclamó al Gobierno gallego que aportase más. Las negociaciones se estancaron y no llegó a firmarse un convenio. El acuerdo parece descartado tras la rectificación del Ejecutivo de Inés Rey, que dejaría la dársena interior en manos de la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado.
El anuncio del gobierno local se produjo después de que el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, dijese en una entrevista en La Voz de Galicia que «la viabilidad del puerto exterior garantizaba la titularidad pública de los terrenos». La Autoridad Portuaria matizó después esa afirmación y señaló que la situación financiera no ha cambiado, porque los proyectos empresariales en su gran mayoría «tardarán algunos años en materializarse» y son necesarios ingresos a corto plazo para «evitar tensiones de tesorería».
El cambio de criterio del Gobierno local sitúa su postura en línea con la del BNG y Marea Atlántica, que se opusieron desde el primer momento a la compra de los terrenos. De hecho, la Marea evitó que se consignasen fondos para esa operación en los presupuestos municipales del 2022, a pesar del acuerdo alcanzado por el gobierno local. Los nacionalistas, la Marea y el PP han defendido durante los últimos años que lo preferible sería que el Estado condonase los 200 millones de punta Langosteira y entregase a la ciudad de forma gratuita los muelles -que iban a ser urbanizados para saldar la deuda- . Así ha ocurrido en Valencia o Santa Cruz de Tenerife, pero el Gobierno central ha rechazado en numerosas ocasiones que ese supuesto pueda aplicarse en A Coruña.