Hay problemas en los puertos gallegos. Hay problemas con las empresas que están en ellos asentadas, como el caso de Ence en Marín. La pandemia ha puesto de relieve la trascendencia de las economías marítimas y de los puertos. Todos los informes hacen referencia a la relevancia de los flujos comerciales de bienes y servicios, al papel de las cadenas globales de suministro, a la logística y a los emplazamientos de los centros de producción. Esto es, la globalización significa una multi-lateralización de los intercambios, una mayor participación de los países en el comercio y una multiplicación de los lugares de producción y consumo. En términos de economía marítima supone el reforzamiento de las escalas portuarias y la consolidación de esquemas hub & spoke como reflejo de una apuesta por una mayor conectividad y por la creación de subredes que permiten articular nuevas constelaciones espaciales y portuarias.
Para poder garantizar frecuencias y escalas de los buques resulta preciso disponer y estar integrado en redes y aliado con partenaires. Ello nos proporciona potencialidad y rol. Los avances tecnológicos, aumentos del tamaño de las embarcaciones, requisitos inherentes a la automatización, a la digitalización o al seguimiento de las mercancías; o los vinculados a los criterios de eficiencia en el desempeño medioambiental y una mejor cualificación profesional, están contribuyendo a plantear y desarrollar nuevas estrategias portuarias.
Los puertos han jugado un rol central en el desarrollo local y nacional. Ahora, lo serán más.
¿Cómo? En primer lugar, porque se necesita una amplia zona de servicio en donde las instalaciones portuarias constituyan el nudo básico que sirva, al mismo tiempo, para expandir y recepcionar mercancías, desempeñando un papel de plataforma de tránsito y de conectividad multimodal para otros destinos. En consecuencia, un puerto ha de disponer no solo de amplios espacios para localizar las instalaciones terrestres, sino que también ha de poder acoger a aquellas actividades industriales, de servicios y de apoyo al crecimiento económico de la ciudad/entorno. O sea, el puerto tiene que desempeñar un papel activo a la hora de captar, retener y ampliar su ámbito de servicios. Así, se viene manifestando tanto en los informes de la OCDE o Unctad, como en los escritos de los principales especialistas. En suma, un puerto no puede dejar de reivindicar espacios para acoger e incorporar empresas e instalaciones.
En segundo lugar, las autoridades portuarias deben asumir un nuevo rol para afrontar sus desafíos. Sus iniciativas deben ir en la dirección de colaborar con los agentes de la comunidad portuaria en aras a lograr una mayor eficiencia dentro de la amplia cadena logística, buscando aumentar la competitividad en su hinterland de influencia y desarrollando nuevos negocios vinculados a la agregación de valor a los productos y servicios ya instalados. Esta es la concepción que predomina en los actuales port community system.
Esta nueva fórmula, superadora de los tradicionales conceptos de tool-port, service-port y landlord-port (que han servido para caracterizar las leyes portuarias españolas), permitiría aumentar los posicionamientos de las economías locales. Se requiere, para ello, aceptar nuevas formas de gobernanza y de organización que la actual normativa española en materia portuaria permite contemplar.
Por tanto, ante las actuales deliberaciones planteadas en varios puertos gallegos aventuro dos actuaciones. La primera, hay que crear conciencia de maritimización y extender la competitividad no solo a nivel de puertos, sino también de espacios territoriales y de cadenas de suministros, de forma que aúnen capacidades y se haga un uso eficiente de los recursos. Por eso, los puertos deben utilizar sus competencias para determinar sus espacios, zonas y usos portuarios que faciliten albergar, acoger y mantener empresas y servicios. Y, en segundo lugar, las autoridades portuarias deben definir nuevos modelos de negocio integrados y colaborativos, donde se permita impulsar una optimización del uso de la infraestructura; un ahorro de los costes de la energía, consumo y emisiones de CO2, y confeccionar una hoja de ruta que incluyan ámbitos relacionados con la sostenibilidad, información y comunicación.
Tales facultades son competencia exclusiva de cada autoridad portuaria, cuyas decisiones deberán ser objetivadas y justificadas. Se exige, pues, un razonamiento que contemple la mejora de las actuales condiciones, la obtención de nuevas ventajas competitivas y un notable avance en lo referente a las condiciones de accesibilidad e intermodalidad. Es decir, los puertos tienen su propia legislación específica, y es acorde a la dinámica de inserción y competencia internacional y a las inexcusables apuestas por proyectos territoriales basados en la importancia estratégica de los desarrollos portuarios. Y es aquí donde radica la oportunidad de relanzar una economía y una sociedad.