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El Gobierno central cree que «no parece que una pastera encaje» en las categorías de la Ley de Puertos

Marcos Gago Otero
marcos gago PONTEVEDRA / LA VOZ

PUERTOS

Fábrica de Ence en Pontevedra
Fábrica de Ence en Pontevedra CAPOTILLO

El Ejecutivo dice que la parcela de Ence «no forma parte del tejido portuario»

12 ene 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno central, en una respuesta a preguntas de la senadora popular pontevedresa Pilar Rojo, expone algunas de sus objeciones a la inclusión de los terrenos de Ence en el ámbito de la Autoridad Portuaria de Marín, como sí han pedido la propia entidad marítima y la Xunta. Para el Ejecutivo estatal, «no parece» que Ence cumpla los requisitos para que se acepte esa adscripción de terrenos al puerto de Marín.

En su respuesta, fechada el 9 de diciembre, se alude a «noticias de prensa» en relación a que la Xunta y el Puerto «pretenden salvar las sentencias de la Audiencia Nacional que anulan la prórroga de la concesión» de Costas de Ence en Lourizán. El Ejecutivo estatal resalta que el dominio público portuario también es marítimo terrestre, aunque se le aplique, «con carácter preferente» la Ley de Puertos y «solo de manera supletoria» la de Costas.

En el artículo 72.1 de la Ley de Puertos se describen los usos autorizados, como comerciales, pesqueros, náutico deportivos y complementarios o auxiliares a los anteriores, abundando en las condiciones para poder incluirse en estos sectores. Sin embargo, según el Gobierno «no parece que una pastera encaje en ninguna de estas categorías».

Se admite que Ence y el puerto de Marín están «cerca», pero se incide en que «no tienen una continuidad en el territorio» ya que por el medio está la EDAR de Os Praceres, «un pequeño núcleo urbano» y un colegio. «Se aprecia claramente que Ence no es parte del tejido portuario».

Asimismo, en la respuesta de la Administración central a Rojo se sostiene: «En todo caso, el procedimiento para afectar terrenos al dominio público portuario es el de modificación sustancial de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios». La consecuencia práctica supondría «la aprobación» de una nueva delimitación.

El procedimiento para llevarlo a cabo se regula en el artículo 69 y siguientes de la Ley de Puertos del Estado. La propuesta la elabora la Autoridad Portuaria, resaltándose en la respuesta que este ente es «dependiente de la Administración general del Estado», y se recuerda que su visto bueno definitivo requiere una orden de la ministra de Transportes, «previa tramitación e informes preceptivos».

Por último, en su réplica a la pregunta de la senadora pontevedresa, el Gobierno central concluye: «En todo caso, no procede tratar de soslayar los pronunciamientos judiciales con este tipo de propuestas, sino cumplirlos una vez alcancen firmeza».