El tren, la deuda y el borde litoral, los grandes desafíos para Fernández Prado

El Consello de la Xunta hizo oficial su nombramiento como presidente del Puerto


a Coruña / la voz

El Consello de la Xunta propuso ayer a Martín Fernández Prado como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Dará así el relevo a Enrique Losada, que estuvo en el cargo durante más de un decenio. Ahora tiene que aprobarlo Puertos del Estado y publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Fernández Prado tiene grandes retos por delante. 

El tren a Langosteira

La gran demanda. A estas alturas, nadie duda de la urgencia de conseguir que el Gobierno central licite la obra para la conexión ferroviaria a punta Langosteira. La Autoridad Portuaria asumió en el 2016 la elaboración del proyecto constructivo, con el objetivo de evitar más demoras, y se lo entregó a Puertos del Estado en marzo del 2018 para su tramitación ante el ADIF. En la actualidad hay cierta confrontación después de que el organismo estatal incluyera en los presupuestos el plan para un nuevo ramal del tren que obvia el proyecto existente y dilataría su licitación. 

Martín Fernández Prado se enfrenta al desafío de lograr un acuerdo que sea positivo para el Puerto, ya que sin ferrocarril la infraestructura no estará plenamente operativa y, entre otras cosas, no se podrían completar los traslados de tráficos desde el puerto interior. 

san diego

Negociaciones pendientes. Precisamente, materializar ese traslado permitiría liberar los terrenos del puerto interior. En los muelles de Batería y Calvo Sotelo el trabajo está encauzado, y el desmantelamiento muy avanzado. Pero quedan pendientes unas negociaciones que el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria deberá abordar con las empresas asentadas en San Diego que, en general, tienen concesiones hasta finales de esta década. 

Y, por supuesto, como todo está relacionado, para conseguirlo vuelve a ser imprescindible desbloquear la situación con respecto al acceso ferroviario. Además, con el ADIF también falta acordar una solución para la estación de mercancías ubicada en San Diego, con un amplio terreno que es parte importante también del convenio del 2004. 

300 millones

Una solución. Fernández Prado tendrá como reto lograr una solución para la cuantiosa deuda del Puerto, que actualmente asciende a 300 millones. La Autoridad Portuaria tuvo que asumir un enorme gasto para construir el puerto exterior, y eso derivó en su actual endeudamiento. Concretamente, 130 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones y otros 200 millones con la Administración central. Ya se han amortizado 30 millones, pero queda mucho trabajo por delante. 

En el 2016 se renegociaron los créditos para trasladar las mayores amortizaciones hasta después del 2026, con el objetivo de acompasarlas a la previsión de ingresos. Esto, sumado a la contención de gastos, hace posible que el Puerto no tenga tensiones de tesorería a corto plazo, pero pensando a medio y largo es indispensable atajar este problema.

Para ello se plantean dos posibilidades en estos momentos. Por un lado, que el Gobierno condone la deuda como ocurrió con el puerto de Valencia y, por otro, la senda del protocolo del 2018, con aportaciones de varias Administraciones para constituir un condominio y que los muelles coruñeses permanezcan bajo titularidad pública. 

Captar tráficos

Evitar desvíos. La citada deuda hace que la Autoridad Portuaria tenga que cobrar tasas más elevadas que los puertos de su entorno, lo que supone un lastre competitivo y un riesgo de que se desvíen tráficos naturales y, además, eso dificulta la llegada de nuevos operadores. Tampoco ayuda la ausencia de ferrocarril. 

cobrar al concello

O Parrote y la Marina. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a finales de octubre lo dejó claro, el Concello tendrá que pagar 1,6 millones al Puerto por las obras de urbanización de la superficie de O Parrote. Pero todavía quedan otros 3,2 pendientes de cobro por la parte correspondiente a la Marina. La Autoridad Portuaria los reclama y no es descartable que acuda a los juzgados para conseguir que la Administración local pague, ya que ese fue -sostiene- el compromiso que adquirió el gobierno local que estaba en María Pita por aquel entonces.

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