La paradoja de los puertos estatales: los dirige Madrid, pero con presidentes nombrados por las autonomías

Los puertos españoles de interés general -todos aquellos que dependen directamente el Estado- tienen desde 1997 un curioso estatus administrativo, con una descentralización en la práctica que atribuye a las comunidades autónomas la capacidad de nombrar a los presidentes de las autoridades portuarias -y por tanto al resto de cargos relevantes- pese a que las dársenas dependen orgánicamente de Puertos del Estado, es decir, del Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos. Es desde Madrid desde donde se supervisa el equilibrio económico y las líneas globales de actuación de las dársenas de interés general, pese a que sus presidentes son nombrados por los jefes de los Ejecutivos autonómicos y estos cuentan con mayoría en el consejo de administración. Esto genera a menudo paradojas, como el uso de los puertos estatales como contrapoder por parte de las autonomías, sobre todo en ciudades en las que no gobiernan sus siglas, donde sirven de trampolín a futuros candidatos a la alcaldía. O la crítica que ejercen a menudo contra el propio ministerio cuando no se cumplen los compromisos en infraestructuras, como sucede en A Coruña y Vigo con los accesos ferroviarios.

En un contexto de amplia autonomía portuaria, donde incluso son los puertos los que financian sus grandes proyectos, el poder autonómico en las dársenas estatales hay que rastrearlo en las cesiones que hizo el primer Gobierno de Aznar a los nacionalistas catalanes y vascos, con el objetivo de buscar la gobernabilidad al carecer en aquel momento de mayoría absoluta.

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