Las cofradías españolas exigen que se suspenda la subasta de la eólica marina

Hasta el próximo 24 de febrero está abierta la consulta pública de la orden que regulará la primera subasta de eólica marina en España, una medida con la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abre el camino para instalar aerogeneradores flotantes, con Galicia como unas de las zonas de mayor interés para los promotores. Después de que la Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños reclamase que se frene mientras no se evalúe el impacto sobre la flota, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) «exige su suspensión inmediata» porque, entre otras razones, abrir la puja para montar parques eólicos en el mar sin evaluaciones ambientales previas «vulnera el principio de precaución recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la UE».

Además de emplazar al Gobierno a paralizar la subasta, demanda la revisión de las Zonas de Alto Potencial para la Eólica Marina (Zaper) «con la participación efectiva del sector pesquero», la creación de Zonas de Uso Prioritario para la Pesca (Zuper) y el «cumplimiento estricto del artículo 130.1 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a proteger, modernizar y desarrollar el sector pesquero, no a desmantelarlo».

Presidida por Basilio Otero, también patrón mayor de Burela, la FNCP explica en un comunicado que ha presentado alegaciones a lo que califica de «maquillaje democrático destinado a legitimar una decisión ya tomada: subastar los mares sin contar con el sector pesquero». En nombre de más de 190 cofradías y de cerca de 30.000 pescadores, lo rechaza al menos hasta que «se completen evaluaciones ambientales rigurosas, independientes y plenamente contrastadas».

Las cofradías españolas fundamentan su oposición en el último informe del Grupo de Trabajo sobre Energía Eólica Marina y Pesquerías del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), elaborado por 62 expertos de 14 países. Según dicen, concluye que «la mayoría de los estudios científicos independientes sobre pesca se verán interrumpidos» por la expansión de la eólica marina, «comprometiendo las evaluaciones» de los stocks, necesarias para gestiónar los recursos. Es más, alegan que el ICES «reconoce que persisten lagunas críticas de evidencia y que la efectividad de las medidas de compensación para los pescadores no está demostrada», de ahí que invoquen «la necesidad de aplicar el principio de precaución». A mayores, se remiten a la experiencia europea, que «demuestra que el empleo estable generado por cada gigavatio de eólica marina es relativamente reducido en fase de operación y mantenimiento, especialmente si se compara con el empleo estructural, territorial y permanente que sostiene la pesca profesional en las zonas afectadas».

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