Irlanda se suma a la causa judicial de España por las vedas a la pesca de fondo

Por los cantiles de España, Portugal, Francia e Irlanda se extienden las 87 zonas que la Comisión Europea vedó en octubre del 2022 a todas las artes en contacto con el fondo. Para proteger espacios donde se sabe o se supone que hay ecosistemas marinos vulnerables y basándose solo en el impacto del arrastre de fondo, expulsó de sus caladeros históricos a barcos que faenan con artes con mucho menor incidencia, como los pincheiros gallegos de Gran Sol. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) validó la controvertida medida en una sentencia ya recurrida en casación por el Gobierno de España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). En esta causa judicial también se ha personado la Xunta de Galicia y ahora acaba de sumarse Irlanda, a través de la procuradora general del Estado.

En nombre del Gobierno que preside el primer ministro Micheál Martin, el Ejecutivo de Dublín «solicita intervenir en apoyo de las pretensiones del Reino de España», que por segunda vez acude a los tribunales europeos para frenar las 87 vedas. La última propuesta de los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) plantea incrementarlas entre 108 y 126. De ser así, se cerraría la pesca en espacios de entre 12.380 y 15.515 kilómetros cuadrados.

Al mismo tiempo que está sobre la mesa esa medida, Costas Kadis, eurocomisario de Pesca y Océanos, se declaraba dispuesto a librar de esos vetos al palangre demersal si, como indican estudios del Instituto Español de Oceanografía, el ICES confirma su mínima incidencia sobre los espacios vulnerables.

A juicio del TGUE, la Comisión «no estaba obligada a apreciar la fragilidad de los ecosistemas atendiendo a cada tipo de arte utilizado ni a evaluar las consecuencias de las medidas de conservación en la pesca y en la vida económica y social». En su recurso ante el TJUE, el Gobierno español alega que la sentencia contradice los principios de la política pesquera común (PPC), que basa la sostenibilidad en los pilares ambiental, económico y social. «No puede excluir los aspectos económicos y sociales de las medidas que se adopten, porque no son meramente ambientales», sostuvo Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Según el fallo judicial que ahora también cuestiona Irlanda, en la demanda inicial, España y la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela «no han demostrado que los artes fijos carezcan de efectos adversos, de modo que quepa excluir el riesgo que estos artes presentan en relación con los ecosistemas marinos vulnerables». El Estado español insiste de nuevo en que «existen informes científicos que evidencian que el palangre demersal —o piedra-bola, como se conoce en Portugal y lo llamó Costas Kadis en Madrid— «tiene un muy bajo impacto sobre los fondos marinos», explicaba el ministro Planas.

Paralelo a las acciones judiciales, el anuncio de Charlina Vitcheva, directora general de Asuntos Marítimos y Pesca en la Comisión Europea, quien se declaró dispuesta a cumplir por primera vez desde el 2022 lo que la normativa comunitaria establece como obligación anual: revisar las vedas. Ante la posibilidad de que la sentencia del TJUE se dilate en el tiempo y llegue demasiado tarde para los contados palangreros demersales que resisten en Burela —en Celeiro muchos ya se han reconvertido en volanteros—, está en marcha una ofensiva política.

---

---

---