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La flota exige suspender las 87 vedas a la pesca de fondo para las artes fijas

Salvador Serantes REDACCIÓN / LA VOZ

PESCA Y MARISQUEO

Imagen de archivo de un pesquero español navegando por Gran Sol con temporal
Imagen de archivo de un pesquero español navegando por Gran Sol con temporal CEDIDA

Alerta de «deficiencias» cuando Bruselas prevé aumentarlas hasta 115 y solicita «limitar al máximo los impactos socioeconómicos»

26 oct 2023 . Actualizado a las 04:50 h.

Por proteger conocidos o supuestos ecosistemas marinos vulnerables, aquellos donde se sabe o se supone que hay corales, esponjas o plumas, la Comisión Europea vetó el 10 de octubre del 2022 la pesca de fondo en 87 áreas de los cantiles de España, Portugal, Francia e Irlanda. Sin medir cómo le afectaría a los pescadores y a sus entornos sociales, ni tampoco al suministro de un alimento tan esencial como el pescado, cerró 16.419 kilómetros cuadrados a todas las artes en contacto con el suelo marino, pero basándose solo en la información disponible sobre el impacto de las móviles (arrastre). Sigue sin saber si las fijas (palangre o enmalle) pueden perjudicar a la flora y fauna en profundidades de entre 400 y 800 metros, pero ya prepara aumentar las vedas hasta 104 o 115. Por esas y otras «deficiencias técnicas», la flota intenta convencer a Bruselas de que, cuando menos, libre a los aparejos fijos de tan controvertida prohibición.

A ocho meses de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, y de la posterior renovación de la Comisión, la pesca admite que resultará complicado convencer al departamento de Virginijus Sinkevicius, eurocomisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca. Consejos consultivos como el CCR Sur (Aguas Suroccidentales), que durante los dos últimos días se han reunido en Santiago de Compostela, o el Annoc (Aguas Noroccidentales), ultiman una argumentada apelación a su segunda, Charlina Vitcheva, directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare).

 

Más impacto en el litoral

Pendiente de ratificación final, la solicitud conjunta es pública y surge tras el encuentro del 26 de septiembre con Fabricio Donatello, director de Política Pesquera en la DG Mare. Autoridades, pescadores, científicos y oenegés analizaron la «posible ampliación» del veto a toda la pesca de fondo propuesta por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) y el único informe de las consecuencias socioeconómicas, elaborado por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STEFC, en inglés).

De los cinco escenarios expuestos por el ICES, la Comisión decidirá entre dos. Uno, en 9.752 kilómetros cuadrados, prevé 104 zonas de veda, 54 en el noroeste y el suroeste español, y 50 en la fachada atlántica francesa e irlandesa. Y el otro, en 14.344 kilómetros cuadrados, 115,62 en la península ibérica y 53 en el resto. En menos espacio que ahora, perjudicarán más a la flota española de litoral y a la de Gran Sol.

«Pruebas científicas sólidas»

Advirtiendo de las «importantes limitaciones» de su análisis, el STEFC señala que «no deben sobreinterpretarse, ya que pueden no ser completamente representativos de los impactos económicos probables y pueden no proporcionar una base suficiente para tomar decisiones de gestión». Así se explica que los estime en un abanico tan amplio como 590.000 euros y 16,6 millones.

El sector también censura la insistencia en considerar al arrastre de fondo y al cerco como las flotas más perjudicadas, cuando el primero no puede largar sus redes en fondos de entre 400 y 800 metros y los del segundo faenan cerca de la superficie. Apoyando la protección de los ecosistemas marinos vulnerables, reconoce «que es necesario cerrar zonas a los artes de fondo móviles de contacto», pero basándose en «pruebas científicas sólidas».

Solicita «limitar al máximo los impactos socioeconómicos»

Desde el CC Sur y desde el CC Annoc ultiman la solicitud formal a la Comisión de una «suspensión» del veto a artes fijas como el palangre o enmalle porque el ICES «se ha basado solamente en los datos de artes móviles [arrastre] con una desproporción en las dimensiones» de las áreas cerradas. También consideran «no justificadas» las zonas tampón [protección alrededor de los ecosistemas vulnerables], además de «no disponer de datos» sobre la incidencia de todos los aparejos afectados. Es más, recuerdan que el ICES «no incluye la pesca con artes fijos en la hipótesis de evaluación», pese a lo cual Bruselas continúa sin solicitarla, lamentan.

Público pero todavía sin ratificación final, el documento que la flota prevé enviar a Vitcheva subraya que cualquier cierre de caladeros a toda la pesca de fondo «debe tratar de limitar al máximo los impactos socioeconómicos, debe respetar la base legal» que permite al acceso a esos caladeros. «Con el fin de proporcionar equidad» a todos los pescadores afectados, llama a «corregir las distorsiones geográficas» que en función de la latitud cambian el espacio de las vedas.

La Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela, la única del sector que recurrió el veto ante el Tribunal General de la Unión Europea, lo atribuye a «un proceso político que no conseguirá ningún beneficio para la naturaleza y acarreará enormes consecuencias al sector pesquero y a la soberanía alimentaria» de los Veintisiete.