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El sector pesquero pide una moratoria en la aplicación del decreto de las eólicas marinas

Elena Silveira
Elena Silveira A CORUÑA

PESCA Y MARISQUEO

César Quian

Los autores del informe que originó la demanda ante el Supremo creen que el documento no está «suficientemente maduro» y piden una mesa con los afectados

21 sep 2023 . Actualizado a las 13:50 h.

El salón de actos de la lonja de A Coruña acogió este jueves la presentación del estudio que originó la demanda ante el Tribunal Supremo que reclama la anulación del decreto que establece los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), con los que el Gobierno estatal regula la eólica marina. El presidente de la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos, que presentó la demanda, y también presidente de la Federación Nacional de Cofradías, Basilio Otero, destacó el papel «vital» que han desempeñado los profesores de la Universidade da Coruña (UDC) Marta García y Javier Sánz al realizar este estudio y poder hacer frente «ás tropelías del Estado».

Ambos docentes, que también estuvieron acompañados por representantes de la pesca en Asturias y Galicia, confirmaron que el Supremo admitió a trámite la denuncia, que se sustenta en este informe que identifica hasta trece supuestas ilegalidades en la normativa del Ejecutivo central e invocaron al Ministerio para que introduzca una moratoria en la aplicación del decreto, al menos en las zonas que afectan a Galicia. «Hay irregularidades jurídicas y el real decreto es nulo de pleno derecho, por lo que debe ser retirado y elaborado nuevamente», aseguró Marta García y enumeró los motivos por los que debe ser revisado. El primero de ellos es que el real decreto «no tiene cobertura jurídica suficiente para emprender las acciones previstas. El segundo, que vulnera el principio básico de igualdad, ya que los mismos argumentos para eliminar zonas de eólica marítima en Andalucía y el Mediterráneo no sirvieron para Galicia. El tercero, es «un vicio a nivel constitucional, ya que los poderes públicos no pueden ser arbitrarios y hay una falta de sentido común, irracionalidad y arbitrariedad en cuanto a categorización de usos y zonificación». En este sentido, concretó que ni la pesca ni el turismo aparecen en la categorización de usos de interés general y prioritarios o en los usos de alto potencial. «Dicen que la pesca se puede realizar en cualquier parte, ignorando que hay caladeros identificables sobre los mapas», criticó.

El cuarto principio que se salta el real decreto es el de precaución, ya que se están tomando decisiones sin tener en cuenta los daños irreversibles sobre el ecosistema, los recursos pesqueros o, incluso, el sector alimentario. El quinto motivo, es que la preocupación europea por una buena regulación no está presente en este real decreto y «no hay peor escenario para la sostenibilidad del mar que un pleito que puede prolongarse en el tiempo y que genera incertidumbre jurídica». En este sentido, la profesora de Derecho Administrativo en la UDC, Marta García, aseguró que el pleito «fue inevitable, y ahora no sabemos cuánto va a durar ni que efectos tendrá». Siguiendo en su enumeración, la experta añadió un sexto y séptimo motivo: se vulnera el principio de transparencia y también el de eficiencia, ya que se aboca al sector pesquero a impugnar cada proyecto de eólica marina cada vez que considere afectados sus caladeros. 

Tanto Marta García como Javier Sánz indicaron que el decreto incumple la directiva marco de ordenación del espacio marino. Por ello piden su nulidad y que se convoque una mesa en la que esté presente el sector pesquero y el eólico, «para que puedan realizar actividades compatibles sin tener que ocupar el mismo espacio, porque ya sabemos qué sector va a tener que renunciar a él». En este sentido, Javier Sánz explicó que desde el 2007 llevan haciendo el seguimiento de un régimen jurídico que ya entonces no contentaba a nadie y ahora es necesaria una defensa férrea del sector pesquero frente al eólico. «En el norte de Europa hay muchos parques eólicos marinos, pero allí trabajaron para ponerse de acuerdo el sector pesquero y las empresas. Algo que ha faltado aquí, por las prisas del Gobierno, poniendo en peligro la pesca de bajura de Galicia».

Los expertos creen que el real decreto «no está suficientemente maduro para la ordenación del espacio marino» y, de hecho, incumple cinco claves que establece la normativa europea. En concreto, no se ha contado desde el principio con los grupos interesados, no se ha usado la mejor información técnica y científica disponible, tampoco se identificaron los usos y actividades, ni se establecieron reglas jurídicas claras de los usos de los espacios. Un conjunto de claves que derivarían después a una correcta zonificación del mar.  

La Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos presentó una demanda ante el Tribunal Supremo a principios de este año para reclamar la anulación del decreto que establece los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) con los que el Gobierno estatal regula la eólica marina, ya que considera que son ilegales por su impacto sobre el sector pesquero.

El portavoz de la plataforma, Torcuato Teixera, que fue patrón mayor de la cofradía coruñesa y es abogado especialista en Economía Pesquera, advirtió este verano que el Gobierno quiere favorecer el impulso de la eólica marina sin informes en los que se evalúe el daño sobre la pesca, prescindiendo de un sector económico vital en la comunidad gallega. De hecho, considera que han impulsado el decreto sin saber qué efectos van a tener proyectos de este tipo sobre los ecosistemas marinos y sobre la economía.

La plataforma que preside Basilio Otero agrupa a unos 30 colectivos de diferentes comunidades considera que el foco principal del problema es la incertidumbre laboral a la que se enfrentan los profesionales de la pesca así como las consecuencias que podrían tener, afectando de lleno a la campaña del bonito o de la anchoa, entre otros.

Los POEM delimitan las zonas donde podrán ubicarse los futuros parques eólicos que tienen como objetivo aprovechar la fuerza del viento para generar energía renovable sobre el mar. Para ello es necesario delimitar las zonas donde podrían instalarse estos parques y, precisamente, Galicia será la región del país donde está previsto que tenga el mayor número de plataformas de este tipo. Así, los ocho polígonos, situados enfrente de las costas gallega y asturiana, tendrán una superficie de 2.688 kilómetros cuadrados. Es decir, el 54 % de todo el espacio reservado para eólica marina estará en el noroeste de la Península. De esos ocho polígonos, cuatro están en Galicia, que reservan 2.114 kilómetros cuadrados para los molinos de viento, es decir, el 43 % del total nacional. Además, la comunidad alberga el polígono más extenso de toda España: el situado enfrente de las costas de Ferrol y Ortegal, de 1.806 kilómetros cuadrados. Las otras regiones donde se planea levantar los parques eólicos marinos son Baleares, Canarias, Cataluña y Andalucía, respetando una distancia de 2.000 metros de la costa.

El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, aseguró el pasado mes de junio que el Gobierno aprobó los POEM, pero las comunidades siguen a la espera de que «haya una mayor información sobre los mismos». En este sentido, reconoció que en este momento «no hay un marco normativo que permita establecer un procedimiento para la tramitación de los parques. Tampoco hay un marco normativo para el desarrollo de las diferentes subastas y, por lo tanto, la decisión compartida dentro del Observatorio da Eólica Mariña es que la Xunta no va a emitir estos informes hasta el momento en el que el Ministerio pueda concretar, se pueda aprobar un marco normativo que establezca el procedimiento de tramitación de los parques», apuntó. El Ejecutivo autonómico echa en falta información más detallada sobre los caladeros existentes, un cronograma, convocatoria de pujas de lámina de agua, un modelo de evacuación de energía centralizado y conocer el sistema de compensaciones.