La Comisión vetó la pesca de fondo en el triple de espacio que quiere proteger
PESCA Y MARISQUEO
La flota europea critica el cierre «sin motivo» de 11.200 kilómetros cuadrados, mientras el ministro Planas confía en un recurso judicial que el equipo de Sinkevicius espera «tranquilo»
22 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.No se resigna la flota europea al veto que desde el 9 de octubre prohíbe faenar con cualquier arte de fondo en 16.419 kilómetros cuadrados del Atlántico nororiental. Pese al clamor del sector, las advertencias científicas y los reproches políticos, tampoco la Comisión Europea se aviene a reconsiderar la expulsión de cientos de barcos de 87 áreas de España, Portugal, Francia e Irlanda. Mientras se resiente la flota directamente más afectada, la del pincho de Gran Sol, dirigentes del sector digieren la negativa a suspender las vedas redoblando sus críticas. A las ya conocidas sobre el fondo y la forma, añaden que se trata de una restricción «desproporcionada» porque la Comisión prohíbe pescar en el triple de espacio que quiere proteger, porque se sabe o se supone que puede haber ecosistemas marinos vulnerables.
Ni así doblegaron a Virginijus Sinkevicius, eurocomisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, y a su equipo, en su primer cara a cara, en la reunión del jueves en Bruselas. Pese a que el informe de los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, en el que se escudan, localiza áreas sensibles que suman 5.237 kilómetros cuadrados, cierran 16.419. «No podemos aceptar, ni entender» que vete otros 11.182 kilómetros cuadrados «sin motivo aparente», le recalcaron Javier Garat, Esben Sverdrup-Jensen e Iván López en nombre de las asociaciones de organizaciones comunitarias de empresas del sector (Europêche), de organizaciones de productores pesqueros (Eapo) y de la alianza de pesca de fondo (EBFA).
Planas ve fundamentado el recurso judicial y el equipo de Sinkevicius lo espera «tranquilo»
Dirigentes pesqueros comunitarios, de España, Francia, Irlanda, Países Bajos y Polonia también le transmitieron el jueves a Sinkevicius y a su equipo su «sorpresa» porque con las 87 vedas están «reforzando la dependencia» de los Veintisiete del pescado de importación, una «amenaza para la soberanía y la seguridad alimentaria europea».
No faltaron en la reunión del jueves las alusiones al recurso judicial que prepara España y, de momento, también la Organización de Productores Pesqueros de Burela. Citando los servicios jurídicos de la Comisión, el gabinete de Sinkevicius le transmitió a los representantes de la flota que lo esperan «tranquilos» porque, «pese a las deficiencias», creen haber actuado legalmente.
De la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también habló este viernes en Madrid Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Durante la inauguración de la XI Asamblea de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, reiteró que el veto ha sido «precipitado» y que la Comisión «no ha utilizado los datos científicos más recientes de los que disponía, no ha tenido en cuenta las consecuencias económicas y sociales y ha sido muy deficiente» en las consultas con el sector y los Estados.
¿Denunciarán otros países?
Por esas y otras razones técnicas que Pesca documenta conjuntamente con la flota y jurídicamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Planas considera que «tenemos muy buenos argumentos para recurrir». No descarta el Gobierno español que otros países puedan secundar su denuncia y, de hecho, este mismo lunes Planas se reúne en Madrid con el secretario de Estado de Mar de Francia.
Vista la pertinaz negativa de la Comisión a suspender el cierre de caladeros esenciales para un centenar de pincheiros y volanteros de capital gallego, se encomiendan a la Justicia. Si el TJUE no atiende la petición de derogación cautelar que, de momento, le formulará la Organización de Productores Pesqueros de Burela, Sinkevicius y su equipo ya han dejado claro que solo revisarán el veto a partir de diciembre, cuando recibirán un informe científico actualizado. Y a partir de ahí queda un largo proceso por delante: evaluación, ahora sí, del impacto socioeconómico y consultas al sector, a los Estado miembros y al Reino Unido.
