Eurodiputados españoles porfían en pedir la suspensión de las vedas a la comisaria de Igualdad, al faltar el de Pesca
PESCA Y MARISQUEO
Cargan contra un reglamento de ejecución que consideran «injusto», «chapucero», «drástico» y, sobre todo, «desproporcionado»
21 oct 2022 . Actualizado a las 04:45 h.Los eurodiputados españoles presentes en la Comisión de Pesca todavía no han visto delante a Virginijus Sinkevicius desde que se aprobó el acto de ejecución que vedó a todas las artes de fondo las aguas de entre 400 y 800 metros de 87 áreas del Atlántico nororiental. Han pedido su comparecencia, pero una lesión lo ha mantenido alejado de la primera línea. Por eso ayer le tocó aguantar el chaparrón a Helena Dalli, la comisaria de Igualdad, blanco de los reproches que eurodiputados gallegos y españoles de todo el espectro político vertieron sobre el Ejecutivo comunitario y su acto «injusto», «chapucero», «drástico» y, sobre todo, «desproporcionado» que no ha tenido en cuenta el impacto socioeconómico sobre las comunidades pesqueras de los 4 países afectados.
Todos los que desfilaron por la tribuna de oradores pidieron la suspensión del acto de ejecución, al menos hasta disponer de información científica más actualizada que evite impactos inútiles, como el que ahora tiene que afrontar el palangre de fondo, prácticamente la única flota a la que se ha privado de caladeros habituales.
Por la suspensión abogó Gabriel Mato (PP), que pidió a Sinkevicius que deje de pensar en los pescadores como sus enemigos. También Izaskun Bilbao (PNV), que instó al comisario a desprenderse de sus perjuicios y acercarse a puertos y lonjas, escenarios en los que su padre y su madre se ganaron los cuartos para mandarla a la Universidad. La reclamó Jorge Buxadé (Vox) que vio una prueba más del «fanatismo climático» de Bruselas. Se sumaron Clara Aguilera y González-Casares (PSOE); la primera ironizando con la insinuación de Delli de que los Estados miembros podían usar los fondos de pesca para mitigar las consecuencias socioeconómicas (los países paganinis de la chapuza de la Comisión, vino a decir), y el segundo alertó del clima antieuropeo que se está creando en la pesca gallega. También Manuel Pineda (IU), que incluso abogó por retirar competencias a la Comisión.
Francisco Millán Mon (PP) sumó a las deficiencias del proceso el argumento de la defensa de la soberanía alimentaria para pedir la derogación, pues se retirarán del mercado toneladas de pescado que harán subir el precio y las importaciones de producto de otros países sin tantas miras por la sostenibilidad. Y la pidió con urgencia Ana Miranda (BNG), que instó al comisario a hablar con Regino y sus socios, armadores del pincho de Burela, que preguntan cómo no se les ha consultado y cómo no se han hecho alegaciones antes.
La Comisión se mantuvo firme. Y como España y los españoles están siendo los más beligerantes, Delli trató de restar crédito a los cálculos que el país ha hecho del impacto socioeconómico por la disparidad de cifras que se han dado.
