España y Galicia buscan aliados contra el cierre de 87 áreas a la pesca de fondo
PESCA Y MARISQUEO
Administración y flota intentarán frenarlo en los tribunales o movilizándose
17 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Por lo que le han anticipado desde la Comisión de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca a la patronal Europêche, el cierre de 87 áreas de España, Portugal, Francia e Irlanda a toda la pesca de fondo anunciado este 15 de septiembre es el mismo que intentaron imponer a finales de junio. Por aquel entonces su titular, el eurocomisario Virginijus Sinkevicius, participaba en Lisboa en la Conferencia de los Océanos, y ahora lo consuma mientras asiste en Senegal a la Conferencia Ministerial Africana sobre Medio Ambiente. Desde Galicia, España y otros países de la Unión Europea (UE) se suceden las reacciones a una prohibición aplaudida por oenegés ambientalistas, pero rechazada por toda la flota y por la Xunta y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre otros.
Comparten con la Comisión la necesidad de preservar los ecosistemas marinos vulnerables, pero intentarán frenar o atenuar la prohibición esgrimiendo motivos legales, jurídicos y socioeconómicos, incluso con movilizaciones que se plantea el sector.
«Consecuencias devastadoras»
Comienza una búsqueda de alianzas contra un veto de «consecuencias devastadoras», según la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), que preside el gallego Iván López. El tiempo apremia, porque en breve se publicará oficialmente la norma y 20 días después todos los artes de fondo, sin diferenciar su impacto, no podrán pescar en parte de sus caladeros tradicionales, 87 zonas de más de 400 metros de profundidad que suman 16.419 kilómetros cuadrados de la plataforma continental.
Desde el Ministerio de Pesca, que preside Luis Planas, avanzan que junto a Francia expresarán su «malestar» en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, donde requerirán a la Comisión «que revise inmediatamente» la prohibición en cuanto reciba el informe actualizado del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES).
«Obligación de respetarlo»
Pesca incide en que el cierre de caladeros «se basa en una recomendación científica que no está concebida ni orientada para todas las flotas de fondo», además de que «no es equilibrada desde el punto de vista económico, social y medioambiental». Y recuerda el «no dictamen» del Comité de Pesca del Consejo Europeo, donde a final de junio se aprobó con 14 votos a favor, 2 en contra, 9 abstenciones y 2 ausencias. Dicho eso, cuando entre en vigor admite que «es nuestra obligación respetarlo».
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, declaró que reciben «muy preocupados» una medida «tan drástica que no es imprescindible para preservar recursos que tenían garantizada su sostenibilidad». Apela al Gobierno español para «que use toda su influencia en Europa para intentarla revertir». De no ser posible, como es «una malísima noticia» que causará «perjuicio muy grande», valorarán «recurrirla».
«Un ataque á frota galega» que logra unir a los políticos
Desde la Consellería do Mar, que preside Rosa Quintana, confirman que Galicia «analizará todas as vías legais» para minimizar el impacto de una prohibición que «prima os aspectos medioambientais sobre os económicos e sociais», Ante la «indignante actuación» de la Comisión, avanzan la búsqueda de «aliados» en España y la UE para «defender á frota». Además, apuntan que el presidente Alfonso Rueda solicitará una reunión con el eurocomisario Virginijus Sinkevicius.
También se propone hablar con él Ana Miranda, eurodiputada del BNG, quien censura «un ataque á frota galega que demostra a ignorancia da Comisión Europea e implica a expulsión da nosa frota de fondo».
Con Sinkevicius habló días atrás González Formoso, líder del PSdeG, que también califica la prohibición de «un ataque a la pesca de Galicia».
