La UE constató un «incumplimiento generalizado» de las potencias en todos los países
10 ene 2022 . Actualizado a las 08:17 h.Arrancaba la primavera cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmaba «plan de verificación» de los motores de la flota pesquera, coordinado con el Ministerio de Transporte y con las comunidades autónomas. Lo anunciaba cuando la Comisión Europea había constatado «un incumplimiento generalizado de las limitaciones de potencia en los Estados, áreas y tipos de buques, lo que demuestra una falta sistemática de cumplimiento en todo el sector». Trasciende ahora el contrato firmado por la Secretaría General de Pesca con la empresa viguesa Vicus Desarrollos Tecnológicos para comprobar «que la potencia real que desarrollan es acorde con lo dispuesto en sus licencias de pesca».
Pesca mira con lupa los motores de catorce pesqueros, una ínfima parte de los 8.800 registrados en España. Fuentes del sector apuntan que estarían a punto de concluir los controles a buques en el noroeste, el sur y el levante. Son los «designados por las autoridades competentes», ateniéndose al mandato comunitario de verificar aquellos en los que «hubiera indicios» de que su potencia real supera a la que consta en los papeles.
Costará 67.760 euros
La Comisión aboga por «la monitorización continua» con medios electrónicos de los propulsores porque controlarlos físicamente «es técnicamente difícil y requiere muchos recursos». Por los de catorce pesqueros, Pesca abonará 67.760 euros. Navegando o, si lo pide el armador, mediante una prueba de tracción desde un punto fijo, la potencia efectiva se mide mediante un torsiómetro, un aparato que, entre otros aspectos, registra las revoluciones y el empuje en el punto más accesible entre la hélice y el motor.
Potencia y tonelaje bruto definen la capacidad de un pesquero. La Eurocámara se decantaba por controlar a los que faenan en el Mediterráneo occidental y en el mar del Norte, que, en general y a diferencia de los del Atlántico nororiental y los de Cantábrico, faenan con el modelo de gestión de esfuerzo (días de faena), no por TACs (total admisible de capturas) y cuotas que limitan sus posibilidades de pesca. Para la Comisión, los armadores «pueden tener la tentación manipular el motor, aumentar su potencia con el fin de obtener una ventaja competitiva y capturar mayores cantidades de pescado (y desecharlos ilegalmente) o manipular los documentos de certificación».
¿Cuántos barcos desarrollan más potencia que la declarada?
La Plataforma de Afectados por la Potencia Pesquera criticaba a la Comisión porque «permite que barcos que incumplen la normativa comunitaria compitan ilegalmente con los que sí la respetan». Citando un informe de la UE de hace dos años, advierte de un «exceso de la potencia autorizada en más del 50 %» de la flota.
El Gobierno español solo permitirá montar motores nuevos con una «certificación de la potencia propulsora y un informe de idoneidad» de Transportes. Para «facilitar la regularización de la potencia en todos los casos en los que sea necesario», la patronal Cepesca pedía flexibilidad y, «con el fin de que todos los buques puedan limitar la potencia sin necesidad de cambiarlo», no aplicar la «tara límite del 20 % de la potencia máxima reconocida» para los del mismo modelo y tipo.