España mirará con lupa la potencia de los motores de la flota pesquera

Cepesca pide «flexibilidad máxima para poder facilitar la regularización» y la Comisión Europea constata «un incumplimiento generalizado» en toda la UE

Imagen de archivo de la sala de máquinas de un pesquero gallego
Imagen de archivo de la sala de máquinas de un pesquero gallego

REDACCIÓN/ LA VOZ

Potencia y tonelaje bruto definen la capacidad de un pesquero. «Un estudio reciente reveló un incumplimiento generalizado de las limitaciones de potencia en los Estados, áreas y tipos de buques, lo que demuestra una falta sistemática de cumplimiento en todo el sector», según la Comisión Europea. España prepara una norma comprobar los motores mediante un «plan de verificación» conjunto, de los ministerios de Transporte y de Pesca y de los gobiernos autonómicos.

«Para asegurarse de que no se exceda la capacidad, la potencia debe estar certificada y controlada», sostiene la Comisión en la controvertida «nota explicativa» enviada a parte de los eurodiputados antes de votar el futuro Reglamento de Control de la Pesca en la Unión Europea (UE). Considera «fundamental la monitorización continua» de los propulsores porque verificarlos físicamente «es técnicamente difícil y requiere muchos recursos».

«Tentación de manipular»

Del 2012 al 2017 «nunca» se hizo en doce de los quince Estado miembros que estudió. A la espera de lo que decida el Consejo y de su posterior negociación con la Comisión y la Eurocámara, esta última se decanta por vigilar a pesqueros en el Mediterráneo occidental y en el Mar del Norte, gestionados por regímenes de esfuerzo, no por cuotas, como en el Atlántico y el Cantábrico.

Alcanzaría a menos flota de la pretende la Comisión, que cree que los armadores «pueden tener la tentación manipular el motor, aumentar su potencia con el fin de obtener una ventaja competitiva y capturar mayores cantidades de pescado (y desecharlos ilegalmente) o manipular los documentos de certificación».

La Plataforma de Afectados por la Potencia Pesquera ha denunciado la «inacción» de la Comisión, censurándola porque «permite que barcos que incumplen la normativa comunitaria compitan ilegalmente con los que sí la respetan». Citando un informe de la UE de hace dos años, ese colectivo advierte de un «exceso de la potencia autorizada en más del 50 %» de la flota.

Limitar sin cambiar

El refuerzo del control que prepara España controlará si los motores ya instalados son lo que dicen sus papeles. Antes de montar uno nuevo se exigirá una «certificación de la potencia propulsora y un informe de idoneidad» de Transportes. Esos cambios los incluye Pesca en el real decreto que sustituirá al de ordenación del sector, vigente hace doce años.

La patronal Cepesca plantea «que se flexibilice al máximo para poder facilitar la regularización de la potencia en todos los casos en los que sea necesario». También pide opción a recuperar «derechos de baja» de buques cuya potencia no se usó o solo se empleó parcialmente. Y para los activos, «con el fin de que todos los buques puedan limitar la potencia sin necesidad de cambiarlo», propone no aplicar la «tara límite del 20 % de la potencia máxima reconocida» para los del mismo modelo y tipo.

Pesca también pretende «clarificar y simplificar las reglas» para nuevas incorporaciones al Registro General de la Flota Pesquera. Con la potencia y el arqueo como base para definir la capacidad de capturas, autorizaría regularizaciones a las comunidades autónomas, con informes de Pesca y Transportes. Y establece como «obligación» un informe sobre las cuotas de un barco antes de permitirle faenar. «Mediante compromisos de cesión», podría aumentar su capacidad.

«Con carácter retroactivo», Cepesca sugiere que la cesiones de capacidad entre barcos del mismo censo «puedan consolidarse en el buque a regularizar y que la totalidad de las aportaciones puedan ser utilizadas en posteriores expedientes». Una propuesta ante la intención del ministerio de marcar requisitos para aceptar cesiones, plazos de validez y, en su caso, «inmovilización del buque como mecanismo para la ejecución del compromiso». Todo en el marco de unas regularizaciones de capacidad que incluirán procedimientos transitorios y una revisión de las «restricciones aplicadas» en las realizadas con anterioridad.

«Armadores de salón»

La norma definirá la «delimitación clara» de las competencias» del Estado y de las autonomías en el registro de la flota pesquera. Para diferenciar los pesqueros de los auxiliares, concretará cuáles son estos últimos, que pasarían a la lista cuarta y se retirarían de la de pesca, la tercera.

Otro aspecto relevante, sobre todo por los llamados «armadores de salón», los que viven de alquilar cuotas de pesca sin tener barcos, es el «procedimiento de alta en el registro y revisión de los motivos de baja, en especial por caducidad de la licencia comunitaria de pesca o por falta de actividad pesquera». En ambos casos, Cepesca opina que los buques activos incluidos en un acuerdo con países terceros «deberían quedar exentos de cualquier prescripción de sus derechos de pesca o licencia» Y aboga por «fijar un plazo razonable para las exportaciones temporales, de modo que mantengan censo, posibilidades de pesca, etcétera, en un plazo máximo conocido».

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