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Solicitan la ejecución de la sentencia que anula el plan del Cantábrico

espe abuín REDACCIÓN / LA VOZ

PESCA Y MARISQUEO

CARMELA QUEIJEIRO

Las armadoras demandantes quieren poner fin a la inseguridad jurídica

18 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

En su día, Armadora Parleros y Pesquerías Playa de Fontán, ambas de Ribeira, llevaron a los tribunales la orden ministerial del 1 de julio del 2013, que establecía un plan de gestión para los buques de los distintos censos que faenan en el Cantábrico Noroeste. Aducían que Agricultura, a la hora de dictar esas disposiciones, ni se había parado a analizar que contravenía normas superiores, como las relativas a la acumulación de derechos de pesca en las embarcaciones, aparte de que se había saltado el trámite del Consejo de Estado.

En si la orden vulneraba o no la Ley de Pesca Marítima, como sostenían sendas armadoras en su recurso, no llegó a entrar la Audiencia Nacional, que tumbó el plan en cuanto comprobó que carecía del preceptivo dictamen del Consejo de Estado. Y la fórmula elegida por los magistrados fue la declaración de nulidad de la orden, con lo que todos los actos ya realizados al amparo de esa normativa, como transferencias de cuota, ventas de derechos o transmisiones, quedaron sin efecto.

Recurso al Supremo

Al conocer el fallo, el Ministerio de Agricultura restó hierro al supuesto caos que todos aventuraban para el Cantábrico, y dio a entender que se arreglaría simplemente con la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pero esa reacción se ha cruzado con la de las demandantes, que han decidido solicitar la ejecución provisional de la sentencia, en un intento de poner fin a la inseguridad jurídica que supone no saber si habrá que dar marcha atrás.