Solicitan la ejecución de la sentencia que anula el plan del Cantábrico

En su día, Armadora Parleros y Pesquerías Playa de Fontán, ambas de Ribeira, llevaron a los tribunales la orden ministerial del 1 de julio del 2013, que establecía un plan de gestión para los buques de los distintos censos que faenan en el Cantábrico Noroeste. Aducían que Agricultura, a la hora de dictar esas disposiciones, ni se había parado a analizar que contravenía normas superiores, como las relativas a la acumulación de derechos de pesca en las embarcaciones, aparte de que se había saltado el trámite del Consejo de Estado.

En si la orden vulneraba o no la Ley de Pesca Marítima, como sostenían sendas armadoras en su recurso, no llegó a entrar la Audiencia Nacional, que tumbó el plan en cuanto comprobó que carecía del preceptivo dictamen del Consejo de Estado. Y la fórmula elegida por los magistrados fue la declaración de nulidad de la orden, con lo que todos los actos ya realizados al amparo de esa normativa, como transferencias de cuota, ventas de derechos o transmisiones, quedaron sin efecto.

Recurso al Supremo

Al conocer el fallo, el Ministerio de Agricultura restó hierro al supuesto caos que todos aventuraban para el Cantábrico, y dio a entender que se arreglaría simplemente con la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pero esa reacción se ha cruzado con la de las demandantes, que han decidido solicitar la ejecución provisional de la sentencia, en un intento de poner fin a la inseguridad jurídica que supone no saber si habrá que dar marcha atrás.

Condenado al fracaso

Sostienen las armadoras y su abogado, Carlos Palmou, que el recurso de Agricultura está condenado al fracaso y que lo único que busca el ministerio al presentarlo es «mantener una falsa imagen de cara a la opinión pública y hacia los sectores afectados», un intento desesperado «de dar una sensación de normalidad, manteniendo para ello artificialmente en vigor dicha orden y agravando más si cabe la inseguridad jurídica con la que están operando las diversas empresas».

Porque si, como sostiene el asesor legal de Armadora Parleros y Pesquerías Playa de Fontán, se confirma la sentencia de la Audiencia Nacional y esta deviene firme, todo acto jurídico que se haya realizado al amparo de esa orden, como la venta de derechos de pesca por parte de buques desguazados, traspasos de cuotas o, incluso, el reparto de posibilidades de pesca entre los distintos segmentos de flota que contenía esa orden de julio del 2013, «serán nulos de pleno derecho y, por tanto, inexistentes, al estar realizados al amparo de una norma que, dada dicha declaración de nulidad de pleno derecho, deberá ser considerada como que nunca existió».

Las armadoras demandantes encuadran esta actitud de Agricultura en la «política de avestruz» que está realizando la Secretaría General de Pesca a la hora de resolver los graves problemas que afectan a la flota española. Pero esta «huida hacia adelante», materializada en el recurso de casación presentado al Supremo, «no hace más que retrasar la asunción de las consecuencias e incluso las responsabilidades que deberán derivarse de la nulidad de la orden».

Las demandantes confían en frenar las consecuencias del caos que prevén para el caladero

Las empresas armadoras confían en que su solicitud de que se ejecute la sentencia con carácter provisional sirva para no complicar todavía más el caos que la anulación del plan por parte de la Justicia va a suponer para los buques que operan en el Cantábrico. Esperan que, de esta forma, no se sigan amontonando los «graves daños y perjuicios» que está ocasionando una política, a su criterio, «sectaria y totalmente contraria a la legalidad».

Y es que esta sentencia no es la única que ha complicado el panorama al Ministerio de Agricultura. Aunque desde este departamento se ha mostrado una confianza absoluta en poder solucionar sin problemas la incertidumbre en que ha dejado a la flota la anulación del plan de gestión del Cantábrico Noroeste, lo cierto es que este es ya el segundo varapalo judicial que recibe Agricultura, pues en diciembre del 2014, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), anuló parcialmente una resolución del 2012 por la que se establecieron las posibilidades de pesca de las especies demersales y pelágicas y obligó a la Secretaría General de Pesca a dejar acumular con carácter definitivo los derechos de pesca de un barco en otro si este pertenece a la misma empresa.

También en este caso la Administración recurrió la sentencia y también las armadoras denunciantes demandaron la ejecución de la misma, «dada la negativa comunicada por el ministerio a ejecutarla voluntariamente».

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