El astillero vigués Cardama confía en cobrar los 82 millones del contrato de las patrulleras que Uruguay rescindió con «mala fe»
SOMOS MAR
El Gobierno de Orsi cree que la cámara internacional de arbitraje a la que recurrió la empresa gallega en abril no es competente para resolver el conflicto
02 sep 2026 . Actualizado a las 23:55 h.El astillero vigués Cardama ha denunciado ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, que el Gobierno de Uruguay actuó con «mala fe» al rescindir el contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas por valor de 82 millones de euros. Hasta ahora ha cobrado casi 29 millones y pide que se le abone el resto. El escrito fue presentado en abril y se ha conocido ahora con detalle tras una resolución judicial que obligó al Ejecutivo de Yamandú Orsi a entregar los documentos a un diputado de la oposición.
Cardama asegura que nunca le fue notificada oficialmente la rescisión y que se enteró por una rueda de prensa en la que Orsi denunció un posible «intento de fraude o estafa» al detectar irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento. Según la firma naval, la entidad europea que figuraba como emisora de la garantía —Eurocommerce— confirmó su validez y vigencia. Sostiene que intentó mantener el contrato ofreciendo garantías alternativas y buscando una salida negociada, pero acusa al Ejecutivo uruguayo de haber mostrado una «negativa frontal» a cualquier diálogo. De hecho, en su escrito menciona una mediación frustrada por parte del exministro Gonzalo Fernández, que habría desistido por la falta de colaboración del Gobierno.
¿Tiene competencias la Corte de Arbitraje para resolver el conflicto? El contrato firmado entre ambas partes distingue entre asuntos técnicos y no técnicos: los primeros podrían derivarse al tribunal internacional, pero los segundos deberían resolverse ante los tribunales de Montevideo. Cardama argumenta que las cuestiones técnicas y jurídicas son inseparables y que deben abordarse de forma conjunta para evitar resoluciones contradictorias. Uruguay, en cambio, sostiene que la empresa intenta «forzar indebidamente» un arbitraje que no procede. El arbitraje internacional, aún en fase preliminar, podría prolongarse durante meses y marcar un precedente en las relaciones comerciales entre Uruguay y España en materia de defensa naval.
El Gobierno uruguayo, además de cuestionar la competencia del tribunal de arbitraje, reclama la devolución del dinero ya abonado al astillero. Lo ha hecho ante los tribunales del país. En un primer momento se llegó a plantear llevarse de Cardama lo ya construido de las patrulleras, pero más tarde reveló su intención de contratar a otro astillero para hacerle en encargo de las embarcaciones del Ministerio de Defensa.