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Furtivos reincidentes saquean almejas y berberechos sin pagar las sanciones

Somos Mar REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen de archivo de marisqueo ilegal en la costa gallega.
Imagen de archivo de marisqueo ilegal en la costa gallega. PACO RODRÍGUEZ

Un estudio constata que los «profesionales» y los «de subsistencia» se escudan en la insolvencia para salir impunes

29 ago 2026 . Actualizado a las 04:45 h.

Almejas y berberechos gallegos escasean más que nunca por las borrascas de principios de año, según la Consellería do Mar. Por lo general, llevarse estos dos mariscos de los arenales es relativamente sencillo porque están en lugares accesibles y cogerlos no requiere gastos ni conocimientos. Por eso sobresalen entre las infracciones detectadas en Galicia, donde un estudio constata que los furtivos reincidentes persisten en el marisqueo y «logran evitar el castigo mediante el uso estratégico de la insolvencia económica, alcanzando así la impunidad legal». Y entre estos caracterizan dos perfiles. Por una parte, los «profesionales», como llaman a quienes han convertido el saqueo del marisco en su modo de vida porque es «más seguro y más lucrativo» que saltarse las normas en otras actividades y porque, frente a ellas, es «una opción óptima en un entorno de bajo riesgo penal». Y por otra, los «de subsistencia», en el que engloban a personas «que no tienen nada que perder» porque se enfrentan a situaciones de exclusión social, desempleo crónico, drogodependencias o pobreza.

En un contexto en el que los clandestinos del marisqueo en Galicia han disminuido, «existe un subconjunto de infractores crónicos que sostienen su actividad ilegal mediante estrategias racionales y adaptativas», exponen Hugo M. Ballesteros y Gonzalo Rodríguez Rodríguez, del Laboratorio de Economía Pesquera y Recursos Naturales en la Universidade de Santiago de Compostela, en un artículo publicado en el International journal rural criminology. Su investigación es parte de las actividadesl del proyecto Recmar.

Junto a almejas y berberechos, el percebe destaca entre los recursos que saquean los furtivos reincidentes. Con datos de la Consellería do Mar que recopilan las sanciones impuestas entre el 2012 y el 2020, los dos investigadores gallegos revelan que en ese período se abrieron 7.595 expedientes individuales por infracciones y se impusieron 23.908 sanciones. De ellas, 7.210 por incautaciones de diferentes tipos de almejas, 2.871 por percebe, 886 por berberecho y 11.720 por varias especies de marisco. Esta última registra la mayor tasa de reincidencia, ya que 267 ilegales sumaron 6.479 sanciones; seguida de almejas (164 clandestinos fueron multados 4.202 veces) y berberechos (19 y 565).

Con estas evidencias, Hugo M. Ballesteros y Gonzalo Rodríguez constatan que el furtivismo reincidente «se ha consolidado como un fenómeno persistente y un desafío estructural». Para no hacer frente a las multas administrativas, «el castigo más común» en Galicia para quienes son sorprendidos extrayendo marisco ilegalmente, declaran carecer de ingresos, propiedades o cuentas bancarias. Así no pueden cobrarles nada y, por tanto, la insolvencia se convierte «en una vía de escape» que neutraliza las sanciones.

Dos posibles reacciones

Ante esa realidad, consideran que para los furtivos «de subsistencia» un castigo penal «no solo es insuficiente, sino que puede resultar contraproducente, al reforzar dinámicas de marginalización que perpetúan el problema». Por tanto, en estos casos apuntan que las instituciones podrían tratar de «reducir las desigualdades estructurales», reconducir las situaciones que los llevan a saltarse las normas.

Sin embargo, con los «profesionales», que alguna vez incluso presentan «conductas comparables a estructuras de tipo mafioso», señalan que las leyes ya permiten «medidas más severas, incluyendo la persecución penal y el encarcelamiento». Y se preguntan «por qué no se recurre con mayor frecuencia a estas herramientas legales», sobre todo cuando la reiteración en el saqueo y los daños que causan «están claramente documentados», y, por tanto, acreditan que estos furtivos son «una amenaza significativa» para la sostenibilidad de los recursos y para «la legitimidad del sistema regulatorio».