La Xunta se opone a los «pingers» para la bajura porque en 27 años no se pescó ni una toniña

Si algún barco de artes menores gallego pescó accidentalmente alguna vez una toniña tuvo que ser antes de 1999. Eso es al menos lo que sostiene la Consellería do Mar, que en los «dous completos documentos de alegacións» que ha remitido al Ministerio de Pesca certifica que la flota gallega no tiene impacto en la marsopa común con el resultado de 17.512 lances monitorizados de los últimos 27 años, que es desde cuando está en marcha ese programa de observación. En todo ese tiempo únicamente se constató la captura de dos arroaces o delfines mulares. Y pese a eso, el Gobierno central pretende obligar a emplear dispositivos acústicos de disuasión de cetáceos (pingers) a barcos de artes menores y a volanteros de litoral que operan en un área marina que suma de 789.953 hectáreas en Sálvora, Ons y las Cíes. Un área crítica que, según la Xunta, es inventada, y acusa al Ejecutivo central de «arbitrariedade» y de crear «inseguridade xurídica» sin aportar cartografía, sin informes técnicos que lo justifiquen y sin el preceptivo instrumento jurídico de aprobación.

Así, el Gobierno gallego confronta la falta de «motivación técnica minimamente sólida» de sendas propuestas del ministerio con todos los datos que aporta de los 17.512 lances de artes de enmalle fijos, como los miños, trasmallos, betas, volantillas, volantines o raeiras, que constatan capturas cero de Phocoena phocoena.

La Xunta recuerda, además, que el Ejecutivo central «incumpriu todos os prazos legais para aprobar o plan de recuperación da toniña en España», que está caducado desde finales del 2023. Sostiene además que los dos borradores que acaba de presentar confunden las definiciones de área de distribución y área crítica, conceptos ambos fijados en la normativa básica de biodiversidad. El equívoco supone «incurrir en una evidente «arbitrariedade xeográfica», de la que salen esas casi 790.000 hectáreas que «abranguen desde a costa ata os 200 metros de profundidade entre o río Miño e o cabo Prior».

La Consellería do Mar carga también contra el escaso margen de tiempo que se ha dado para la participación del sector y de las comunidades autónomas y denuncia que el ministerio limitó «de maneira deliberada» ese plazo. Así, dice que aplicó el mínimo legal de siete días hábiles para ambos textos sin que mediase «ningunha urxencia formulada, ocultando ademais a obrigatoria memoria do análise de impacto normativo». Esa carencia, añade «impide coñecer os estudos económicos e as alternativas regulatorias avaliadas ante unha orde que suporá un dobre custe económico para os profesionais do mar pola adquisición de aparellos e o recambio constante de baterías».

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