El Puerto quiere llevar a su consejo del viernes la caducidad de la concesión y la empresa le envía un requerimiento para que frene el proceso, alegando que su inversión supera lo comprometido. El BNG sospecha del interés por dedicar los terrenos a contenedores
29 ene 2026 . Actualizado a las 00:58 h.Astilleros San Enrique, la factoría naval que ocupa los terrenos de la antigua Vulcano en Teis, se sitúa al borde de la desaparición. La Autoridad Portuaria de Vigo tiene previsto llevar a su consejo de administración el próximo 30 de enero la propuesta de declarar la caducidad de la concesión administrativa que le otorgó en el 2022 a Marina Meridional, propietario de la atarazana. El organismo portuario entiende que no se han cumplido las condiciones por las que le cedió los terrenos.
En el 2022, cuando recibió permiso para ocupar las instalaciones, San Enrique se comprometió a inyectar 1,6 millones de euros de inversión para modernizar los astilleros. Preveía un volumen de negocio de diez millones de euros hasta incrementarlo a 14,5 millones en el 2036. También aseguró que contrataría a 28 personas durante su primer año de estancia en los terrenos, hasta alcanzar los 79 empleados «en un plazo de quince años», y la empresa pactó que el 60 % de su actividad en el astillero se dedicaría a construcción de embarcaciones y el 40 %, a reparación.
Marina Meridional no ha logrado ningún contrato de nueva construcción para la zona de Espiñeiro en estos cuatro años ni tampoco el nivel de ingresos previsto. Por ello, el consejo portuario debatirá el viernes, en un punto del orden del día, la «resolución del expediente de declaración de extinción por caducidad de la concesión administrativa», confirman fuentes del organismo.
La posible extinción de la concesión de los terrenos ha irritado a los responsables de la empresa, que han emitido un comunicado en el que expresaron su «profunda preocupación» por lo que parece una medida ya tomada y que considera «desproporcionada» y solicita que se paralice el procedimiento. El permiso del Puerto vigués, adjudicado el 29 de abril del 2022 por un período de quince años, abarca una superficie de 18.093 metros cuadrados.
Según la compañía, su proyecto merece permanecer en las instalaciones porque ha ejecutado un plan de reacondicionamiento integral para reactivar un espacio que llevaba años inoperativo. Cifra la inversión total movilizada en 3.358.011 de euros (IVA incluido), frente a los cerca de dos millones y medio de compromiso que habría adquirido en su momento con la institución que preside Carlos Botana.
La factoría naval trata de salvar los muebles asegurando que tiene en cartera dos proyectos de nueva construcción «en fase final de negociación». Se trataría de un crucero de expedición para una empresa francesa llamada Selar, por 40 millones de euros, y un ferri de 134 metros para la compañía noruega Sunborn, de 83 millones.
Además, en cuanto a los objetivos económicos pactados en la concesión, el astillero dice haber alcanzado los 9 millones de facturación en el 2025 y que genera empleo directo a 200 trabajadores, con una previsión de incrementar el cuadro de personal hasta los 350 efectivos si salen adelante los planes mencionados.
Basándose en esto, el grupo solicita al consejo portuario «posponer la tramitación de la caducidad y conceder un plazo razonable para que el Puerto audite las inversiones ejecutadas, verifique el estado operativo y carga actual de trabajo y constate la evolución económica y la proyección sólida del astillero».
Uso naval
El movimiento de la Autoridad Portuaria abre el debate sobre el futuro de las instalaciones en el barrio de Teis y el uso que tendrán si se expulsa de ahí al astillero. El BNG ha sido de los primeros en salir al paso y advertir al organismo que preside Carlos Botana que el final de la concesión «non pode significar a desaparición do sector naval das instalacións centenarias» de Vigo. Temen que el Puerto quiera desempolvar una propuesta que ya estuvo sobre la mesa hace unos años, como es la de destinar los terrenos a almacenamiento de contenedores. Se valoró esa posibilidad antes del concurso al que optó Astilleros San Enrique, durante las épocas de presidencia de Enrique López Veiga primero y Jesús Vázquez Almuiña posteriormente. El grupo nacionalista ve irrenunciable que esa parcela «continúe destinada á construción e reparación de buques» y proponen directamente un centro de reparación naval.
UGT apunta en la misma línea. Cristian González, secretario de Industria, explica que el sindicato defiende que San Enrique, pese a su compleja etapa inicial, «cada vez está asumiendo más carga de trabajo y no tendría sentido que precisamente ahora tirásemos todo por la borda». Añade la organización que en diferentes reuniones con el Puerto mostró su convencimiento de que los terrenos «tienen que dedicarse a actividad naval» y rechaza la posibilidad de aprovecharlos para almacenamiento de mercancías, en un momento en que el Puerto está batiendo registros en este tipo de tráfico.
Comisiones Obreras sí apuesta por la retirada de la concesión y apremia a la Autoridad Portuaria a que asuma igualmente la parte privada de la concesión «para evitar la especulación urbanística de una empresa que nunca fabricó nada ni tuvo intención de hacerla», concluye el secretario de Industria, Celso Carnero.