Cuando buscamos en internet los objetivos de la iniciativa ciudadana Stop finning-Stop the trade, presentada a la UE en el 2023, no deja de sorprender la argumentación transmitida a la sociedad y políticos encargados de tomar decisiones, en ocasiones incluso usando conceptos y argumentos erróneos de publicaciones científicas o en contra de las conclusiones de estudios financiados por la propia UE. En general, la transformación de las redes sociales hacia la desinformación o las fake news (noticias falsas) está transformando el ámbito de la opinión pública y de las decisiones en materia de la pesca en la que las consultas públicas organizadas «ad-hoc,» y su capacidad de financiación e influencia, pueden pesar más que sólidos argumentos científicos y la rigurosidad que debería prevalecer para generar legislación. Es conveniente discernir, también, entre lo que puede ser formalmente correcto desde el punto de vista del desarrollo legislativo de una norma de aquello otro que goce de bases científicas sólidas para llevar adelante una iniciativa. No deberíamos confundir las formas jurídicas -que puede ser técnicamente impecables en procedimientos- de la racionalidad, la base científica, social, política, etcétera, de lo que se propone o se legisla, ya que no necesariamente sus componentes tienen que ir aparejadas, como bien conocemos. Los tribunales suelen verificar lo primero más que lo segundo. Los argumentos científicos y/o políticos los deben presentar y evaluar otros. Y conscientemente evito en este caso un debate -sería otro capítulo- sobre si un Estado con peso de su sector mar-industria debe ser previsor, proactivo y organizado en sus propuestas; o defensivo a la espera de hechos consumados.
Ejemplos de ello lo encontramos en el marco UE, pero no solo...
La iniciativa ciudadana Stop finning, stop the trade, financiada internacionalmente y presentada en la UE en el 2023 instó a la Comisión a proponer medidas legales para poner fin al comercio de aletas de tiburones en la UE (es decir, en y a través de la UE), asociando de forma inequívoca e interesada, pero falaz, el comercio de esos subproductos con indeseables prácticas de finning; confundiendo conceptos, la realidad pesquera europea, la información científica y también la legislativa aplicada en la UE -y de otros países- que tienen prohibidas desde hace años, de forma verificada, prácticas de finning, asegurando que el desembarco de cuerpos y aletas de elasmobranquios proceda bajo estrictas normas de control y sostenibilidad, así como con aprovechamiento integral de cuerpos, sus aletas, etcétera. La norma de la UE en vigor ya obliga a que el cercenamiento de las aletas se haga en puerto para verificar la ausencia de finning, o en otros países mediante otros mecanismos de control quizás más prácticos que también aseguran la inexistencia de esas execrables prácticas en sus flotas. Pero por desgracia los estándares aplicados en la UE no son los mismos en otras muchas flotas fuera de nuestro entorno donde las prácticas de finning sí continúan siendo una realidad, especialmente en aquellas sin capacidad de conservación a bordo y que no se ven ni se verán afectadas por decisiones UE para la galería. Por tanto, las iniciativas en ese caso quizás deberían dirigirse hacia países con prácticas de pesca distintas a las de la UE, con actividad insostenible o incluso IUU, incluyendo aquellas en desarrollo geoestratégico y enorme expansión a nivel internacional. Esa iniciativa, de ser aplicada al ámbito de la UE, contribuiría al mayor fortalecimiento de países con mecanismos de cumplimiento laxos y gestiones poco sostenibles de los recursos explotados.
Como este es un asunto lleno de matices que con frecuencia se han confundido, en el 2016 escribí un artículo tratando de orientar a políticos y sociedad interesada, y en el 2024 escribí en La Voz de Galicia sobre la persistencia en el error de algunos conceptos. Y aunque no se lleva mucho la lectura salvo titulares, sí recomendaría informarse bien antes de sacar conclusiones sobre esa «iniciativa ciudadana», sin duda dotada de buena financiación y loables intenciones de promotores.