En junio del 2000, los precios desataron una guerra entre pescadores lusos y de las Rías Baixas
11 jun 2025 . Actualizado a las 01:06 h.«Alrededor de medio millar de pescadores lusos impidieron ayer la entrada en la lonja de Matosinhos de 35 camiones que portaban unas 50 toneladas de sardina española y francesa. Los marineros, que volcaron y rociaron con gasolina numerosas cajas de pescado, acusan a los empresarios españoles que comercializan productos del cerco de intensificar la pesca en estas últimas semanas», informaba La Voz de Galicia el 24 de junio del 2000. Fue la culminación de un lustro de tiranteces que empezaron en 1996, cuando un grupo de pescadores boicotearon la entrada de sardina española en la lonja de Oporto.
Los pescadores del país vecino se quejaban de que la sardina española se estaba comercializando en Portugal por debajo de sus precios de mercado. Además, consideraban un agravio que España pudiera vender su pescado en territorio luso cuando las restricciones para la pesca en Portugal afectaban directamente a sus barcos.
La Voz estuvo salpicada de salitre de aguas atlánticas todo aquel mes. El periódico detalló las idas y venidas del conflicto. Uno de los episodios más violentos tuvo lugar el día antes de San Juan en la entrada de la lonja de Matosinhos. En la localidad portuguesa estaba prevista la descarga y venta de sardina española y las brasas se calentaron antes de lo previsto. Aquello empezaba a oler muy mal.
La Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo se encargaba de explicar el primer suceso, ocurrido en la madrugada del 22 al 23 de junio. Según los portavoces gallegos, un grupo de personas «forzaron y reventaron» las puertas de los camiones cargados de sardina procedente de España: «Lo hicieron de forma violenta y utilizando palancas, tenazas, hierros y martillos y estaba dispuestos a «desvalijar todo tipo de pescado llegado de España y quemar los camiones». Se perdieron más de 27.000 kilos de sardina y dos camiones resultaron dañados, según relataba la crónica en la que se cuantificaba en 20 millones de pesetas las pérdidas. Al día siguiente los vendedores vigueses recibieron varias llamadas de teléfono amenazantes procedentes de Portugal: «Nos dicen que hoy procederán con carácter general a desvalijar todo tipo de pescado enviado desde España e incluso quemarán nuestros camiones y nos amenazarán físicamente», comentaban. Ese mismo día la asociación viguesa se ponía en contacto con las autoridades lusas pidiendo auxilio, protección, y «que utilicen los medios necesarios para garantizar la seguridad de las mercancías y las personas». Pero con poquita fe en la súplica, porque también recordaban que la semana anterior habían desvalijado el pescado «en presencia de la policía portuguesa sin que esta lo impidiese».
La situación se radicalizó aún más en la siguiente jornada, con la advertencia del sector portugués de que grupos de marineros empezarían a controlar la entrada de sardina foránea.
Tras el enfrentamiento con los camioneros españoles, los pescadores lusos iniciaron una segunda revuelta, esta de menor intensidad, a raíz de unas declaraciones del entonces ministro de Administración Interna, Fernando Gomes, quien restó importancia a lo ocurrido en la lonja de Matosinhos y calificó a los marineros lusos de «peixeiros». El Sindicato de Pescadores del Norte consideró que las palabras de Gomes eran un desprecio a todo el sector y que no iban a consentir reacciones de ese tipo.
Fraga pide contundencia
Mientras tanto, el conflicto empezaba a moverse en los despachos. El colectivo de marineros remitió al Gobierno de Antonio Guterres un escrito en el que exigía una serie de medidas para poner fin a su situación. A modo de respuesta, el secretario de Estado de Pesca, José Apolinário, admitía la existencia de un problema, pero dejaba claro que «este no es un conflicto que se resuelva con actitudes como las del pasado viernes», declaraciones que recogía La Voz en relación a la guerra se que se había abierto entre los pescadores de bajura de ambos países y la actitud violenta de los suyos.
Pescados Ibáñez, Pescavigo, Ramos y Costa, Seferpa, Pescados Andrés, Pescados San Martín y Marcelino Miranda aparecían en la lista de empresas gallegas que se vieron perjudicadas por un problema recurrente no solo en Matosinhos, sino también en Lisboa y Oporto. En sintonía con las reclamaciones de las empresas españolas, los comercializadores portugueses que perdieron su mercancía a consecuencia de los ataques criticaron duramente al sector pesquero de la localidad. Subrayaron que su reacción era producto únicamente de una frustración, pero en ningún caso de un problema de competencia desleal o prácticas irregulares.
El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, envió una carta al ministro luso de Pesca, Luis Manuel Capoulas, en la que expresaba su preocupación por los incidentes y pedía colaboración eficaz para que no se repitieran. Fraga consideraba necesario «que se actúe con la mayor celeridad y contundencia para eliminar estos brotes inadmisibles y garantizar a los damnificados el normal desarrollo de su actividad». El presidente gallego también pidió al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, que realizase las gestiones oportunas ante las autoridades lusas y demandaba colaboración del consulado en Oporto.
En el trasfondo del conflicto se encontraban los bajos índices de capturas de los cerqueros lusos en la época en la que la sardina consigue mejores precios en lonja. Pero las redes de los portugueses se empezaron a llenar y las abundantes capturas les hicieron olvidar rencillas. O al menos, se disolvieron como sal en el agua hasta la siguiente campaña. Los lusos aparcaron la guerra que tenía a este pescado azul como protagonista.