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Pesca reconoce la flexibilidad a 40 inspectores, pero el resto continúa trabajando con horario prefijado

Somos Mar REDACCIÓN / LA VOZ

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Apipes

Los funcionarios cargan contra el caos generado al haber admitido la especial disponibilidad a los agentes de los servicios centrales y no a los que están destinados en los puertos

03 sep 2024 . Actualizado a las 04:46 h.

Los inspectores de Pesca Marítima fueron por primera vez a la huelga en marzo del año pasado. La convocaron por la falta de actualización de la formación, por cuestiones relacionadas con su seguridad, pero, sobre todo, por la reticencia del Gobierno a reconocerles que realizan un servicio de 24 horas y a remunerarlos como tal. En lugar de admitir que ese trabajo requiere cierta flexibilidad horaria, en función de la actividad de la flota, la Administración optó por dictar instrucciones en materia de horarios, fijando con un mes de antelación la jornada de cada funcionario, lo que, a juicio de los inspectores tiraba por tierra la efectividad del servicio. El segundo paro que realizó el colectivo, en junio pasado, fue por lo mismo. Por ese horario de oficina que inutilizaba la eficacia del control pesquero del que deben encargarse. Y por lo que dice Apipes (Asociación Profesional de Inspectores de Pesca Marítima del Estado) podría haber una tercera huelga, pero esta ya por el caos que la propia Administración ha generado.

El ministerio se retracta

Según explica la asociación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reconocido por fin que los inspectores deben estar sujetos a una situación especial de disponibilidad y la impone de forma obligatoria, cuando antes era voluntaria. Pero ocurre que eso solo atañe a los funcionarios de los servicios centrales con salidas en comisión de servicio programadas, que son 40 trabajadores. El resto, más de un centenar de personas —que están destinados en puerto, sean de Galicia, el País Vasco, Cataluña o Andalucía, etcétera— siguen con la programación rígida que, según Apipes, no genera más que frustración y despilfarro de recursos públicos, pues los horarios no coinciden con los de la flota que deben inspeccionar.

Esto sucede porque estos inspectores dependen funcionalmente de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno y están adscritos al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que «carece de conocimientos en esta materia y depende del Ministerio de Pesca para poder tomar este tipo de decisiones». Y este último departamento «no ha transmitido estas instrucciones concretas» al anterior, con lo que se ha generado «confusión y desigualdades en la gestión del personal».

Por eso que sigue habiendo a juicio de Apipes un «despilfarro incongruente», puesto que, si bien los inspectores de los servicios centrales van a trabajar y salir con flexibilidad horaria, «no hay que olvidar que su tarea es de apoyo a los servicios territoriales». Por tanto, la flexibilidad horaria y la disponibilidad deben ser reconocidas a todos estos funcionarios.