«Sostenibilidad en tres dimensiones, ¿o no nos queremos enterar?»
SOMOS MAR
El sector pesquero y sus representantes han venido defendiendo —por lo menos durante más de diez años o en la última década—, que quieren tener los stocks sanos y que abunden, es decir, que se alcance el rendimiento máximo sostenible (RMS), ya que quieren seguir viviendo de la pesca. Ahora bien, lo que denuncian y seguirán denunciando es que no están dispuesto a que para ello solo se les apliquen medidas al sector pesquero. Existen otras actividades —que todos conocemos— también afectadas, directa y/o indirectamente, en la mar, y por ello deben de contribuir y aplicárseles esas reglas para mantener los océanos limpios y sanos.
Desde el primer momento se defendió la triple hélice de la sostenibilidad de la PPC, que se aplicara también a lo social y económico, y no únicamente a lo medioambiental; es decir, a los recursos. Estábamos convencidos que la norma, el Reglamento 1380/2013, tanto en su considerando como en los objetivos, así lo declaraba, «la PPC debe garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura, contribuyen a la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo...».
Y con la sentencia del 11 de enero de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre este asunto, creo que ha quedado claro. Para entender bien este concepto de la igualdad en la triple hélice de la sostenibilidad, es decir, la medioambiental, económica y social, reflexionemos un momento.
El Consejo de Ministros de la UE de diciembre del 2020 decidió fijar las cuotas de pesca a una serie de especies (como el bacalao, el merlán y la solla) en niveles superiores a cero; es decir, en contra de los dictámenes científicos del ICES. Irlanda aplicó unas cuotas de pesca en sus aguas en virtud del Reglamento de TAC y cuotas, y la oenegé Friends of the Irish Environment puso en marcha un procedimiento judicial contra esas medidas nacionales. Cuestionó la validez del mencionado Reglamento basándose en que iba en contra de la PPC.
La sentencia del TJUE avala los TAC para estas especies y que se realizaron «sobre la base de los mejores dictámenes científicos disponibles, en un nivel que no es manifiestamente inadecuado para conciliar el objetivo de continuación de las pesquerías mistas y el de establecer la buena situación biológica de las poblaciones afectadas». Y concluye que «el Consejo no sobrepasó los límites de su facultad de apreciación», y recoge que la fijación de TAC cero para esas poblaciones podía provocar el «cierre prematuro» de las pesquerías y, por consiguiente, afectar a la viabilidad económica de las flotas pesqueras en cuestión y al nivel de vida de las personas dependientes estas actividades.
El TJUE ha manifestado que se tienen que seguir aplicando las cuestiones sociales y económicas para modular las científicas, ya que, de lo contrario, al establecer las cuotas solamente por una de las palas de la hélice, podría contribuir a la paralización de la flota. Además, la PPC establece que estas actividades de la pesca y de la acuicultura deben contribuir a la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo y hasta que se derogue, modifique o sustituya el Reglamento se debe de tener en cuenta este principio.
Bajo mi punto de vista ha sido una sentencia clarificadora y que debería tener consecuencias no solo en las cuestiones de las cuotas, sino también en todos los demás artículos de la PPC, así como en todas las directivas, reglamentos o normas de desarrollo de la PPC.
Por lo tanto, no queremos que los peces se mueran de viejos, como lo manifiesta el excomisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Sr. Sinkevicius. Si eso ocurriese, efectivamente tendríamos peces, pero no flota ni pescadores para realizar su actividad que es la de pescar. Todos han contribuido (sector, administraciones, científicos, oenegés y la ciudadanía) a que las principales especies del Atlántico nororiental y Mar Negro estén en RMS y a que en el Mediterráneo la mortalidad por pesca sea la más baja después de 20 años.
Vamos a poner un ejemplo, claro y de actualidad, de lo que entendemos no se debe hacer o, lo que es lo mismo, no se debe aplicar solo la cuestión científica. Nos estamos refiriendo a las 87 zonas de veda en el Atlántico Nordeste, desde Tarifa hasta Irlanda. El CIEM estableció que existe presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV) o, al menos, una alta probabilidad de que existan y que podrían verse alterados por la acción de la pesca. Y la Comisión Europea vedó para cualquier tipo de pesca de fondo esas 87 zonas.
En la mayoría de los casos, se trata de de ecosistemas cuyas especies principales son esponjas y corales de profundidad, lugares claves para la reproducción y cría de diversas especies, incluidas muchas de las poblaciones pesqueras. El Parlamento Europeo solicitó un informe externo sobre este asunto y su resultado es para hacérselo pensar al trílogo (Parlamento, Comisión y Consejo) antes de elaborar cualquier norma y menos en aumentar o modificar las 87 zonas existentes. Lo es porque, entre otras cuestiones, dice que «no es necesario suspender el uso de otras técnicas de pesca, como las artes pasivas, ya que no afectan a las áreas marinas protegidas (AMP) donde se encuentran fondos marinos vulnerables».
Por lo tanto, va más allá, lo teníamos claro alguno, que el palangre no tendría que estar prohibido y que los artes de enmalle tendría que existir un informe científico para estos dos tipos de artes y no basarse solo en un informe sobre el arrastre de fondo. Por cierto, no es riguroso, cuando está realizado con un estudio o con datos del 2011-2013 y se aplica en el 2022. ¿De verdad es serio? No vale aplicar solo la cuestión científica y a cualquier precio.
La afectación que ha tenido en los buques palangreros es muy importante, superior al 31 % en sus capturas y que impacta en la viabilidad para el futuro de esta pesquería, tal y como ha demostrado la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7) en su recurso ante el TJUE, que esperemos salga satisfactorio para los intereses de nuestro sector.
He asistido bien como participante, moderador o ponente a encuentros, jornadas o convenciones desde A Guarda hasta Ribadeo y en todas se ha solicitado la defensa de las tres dimensiones de la sostenibilidad pesquera. vayan como ejemplo dos puntos de las conclusiones del XXV Encuentro Empresarial de Expomar-Burela, reivindicación de 25 organizaciones del sector pesquero extractivo y que seguro también serían avaladas por toda la cadena mar-industria nacional, ya que un puesto de trabajo en la mar se corresponde con cinco empleos en tierra.
Uno se refiere a la supervivencia: «El sector no lo aguanta todo. Nuestra capacidad para mantener la actividad y suministrar alimentos saludables se agota y estamos en una situación de riesgo de ruptura y de no vuelta atrás. Cada unidad pesquera perdida es irrecuperable y desencadena efectos negativos multiplicadores en otros sectores económicos. Al igual que tenemos objetivos cumplidos para los stocks pesqueros, existe un Límite de Resilencia del Sector Pesquero (LRSP) que garantice el funcionamiento de toda la cadena de valor. Los criterios socioeconómicos deben ser preponderantes».
Otro a la ordenación del espacio marítimo: «Exigimos que se aplique el principio de precaución en la valoración de la coexistencia de lps diferentes usos del espacio marítimo, sin poner en riesgo la actividad pesquera y los ecosistemas marinos».
Por todo lo comentado, creo que queda demostrado que el sector (cadena mar-industria), sus representantes, las administraciones pesqueras nacional y autonómicas, científicos y alguna oenegé defienden la sostenibilidad medioambiental, pero también la sostenibilidad económica y social.
Creo que ha llegado el momento de cambiar las revoluciones, llevamos mucho tiempo poco a poco, despacio y tenemos que dar todo avante sin contemplaciones. Y, lo más importante, si nosotros mismos no somos capaces de todos a una, mal vamos en la defensa de los intereses de la cadena mar-industria.