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Fijan para mayo de 2025 el juicio civil por la gran planta fantasma de congelado de Vinova, declarada en rebeldía

Pablo Penedo Vázquez
Pablo Penedo VILAGARCÍA / LA VOZ

SOMOS MAR

MONICA IRAGO

El Juzgado Número 2 de Vilagarcía acepta como prueba el informe pericial presentado por SEA, en el que reclama 3,5 millones de euros con los que poder reponer a su estado original el monumental cráter dejado en el polígono industrial de Baión

19 jul 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

El empeño de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) por recuperar los casi 20.000 metros cuadrados entrampados por el proyecto fantasma del grupo Vinova en el polígono industrial de Baión (Vilanova de Arousa) avanzó ayer una casilla en el pantanoso tablero judicial abierto por la compañía pública propietaria del parque. El titular del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Vilagarcía de Arousa fijó para mayo del 2025 el juicio que dirimirá la demanda civil registrada en febrero del 2023 por SEA contra la trama societaria que había anunciado la construcción de la mayor planta de pescado y marisco congelado de Galicia. Aceptada a trámite la demanda a comienzos del pasado mes de octubre, Suelo Empresarial del Atlántico reclama recuperar el terreno, cedido en derecho de superficie durante 30 años al grupo Vinova, y percibir de este último 3,5 millones de euros para restaurarlo a su estado original, tras la retirada de 120.000 metros cúbicos de tierra por parte de la demandada. Una actuación esta última por la que la firma encargada de los trabajos, Excavaciones y Transportes Ivanca, mantiene una reclamación judicial de un millón de euros contra Vinova tras no recibir un solo pago por su trabajo.

Nueve meses y medio después de la admisión a trámite de la demanda de SEA, se celebraba ayer la audiencia previa del caso. A la vista únicamente se presentaron los representantes de la compañía pública, con los responsables del grupo Vinova dando una nueva muestra del carácter fantasmagórico de cuanto les rodea. Y es que, informa SEA, el entramado societario demandado se enfrentará al juicio declarado en rebeldía por el titular de la sala encargada del caso, decisión adoptada la pasada primavera ante los sucesivos intentos fallidos de ver personados en el proceso a quienes vendieron públicamente un proyecto industrial con 24 millones de euros de inversión, del que nada real se supo.

Pocas semanas después de la firma del contrato de arrendamiento en Baión con SEA —rubricado el 29 de diciembre del 2020— el venezolano Juan José Villamizar Velásquez, entonces director ejecutivo del grupo Vinova, desgranaba ante la prensa los detalles del destino, ficticio, de dichos 24 millones: la construcción de una factoría de más de 16.500 metros cuadrados, diez muelles de carga, un túnel y cinco cámaras de congelado frío negativo con capacidad de almacenaje de 19.290 palés y 16.000 cajones de túnidos. Sobre la mesa, 150 puestos de trabajo directos de nueva creación para la comarca, a los que Villamizar sumaba en el futuro del orden de otros mil indirectos. Una ilusión convertida en el polvo levantado por la retirada de los 120.000 metros cúbicos de tierra de las cinco parcelas que integran la totalidad de la manzana 3 del polígono de Baión.

El juzgado admitió ayer la inclusión del informe pericial encargado por SEA como prueba de la demanda, informe que argumenta los 3,5 millones reclamados.