Las cofradías piden a Bruselas que elimine el tope de 12 meses de las ayudas a la paralización temporal
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Solicitan que se prolongue hasta los 24 meses el período de inactividad que pueden cubrir estos subsidios
17 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Con todas las cortapisas que se le está poniendo a la actividad de la flota pesquera en forma de reducción de días de esfuerzo, vedas, restricciones en áreas marinas protegidas, limitaciones en ecosistemas marinos vulnerables, vedas por interacción con cetáceos, etcétera, los 12 meses de tope que Bruselas ha puesto para las ayudas que el Fondo Marítimo de Pesca y Acuicultura concede a la paralización temporal (Fempa) semejan escasos. Es por eso que desde la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) solicitan a la Comisión que se prolongue hasta los 24 meses el período de inactividad que pueden cubrir estos subsidios. Una ampliación que, además, debería ir acompañada «de los correspondientes ajustes también en el plan operativo de España para aumentar el porcentaje destinado a esta partida de las paradas temporales», explica Basilio Otero, presidente de la FNCP.
Otra de las propuestas que plantean las cofradías es la de suprimir la obligatoriedad de aportar capacidad a mayores para poder recibir ayudas para aumentar el arqueo bruto de un pesquero por cuestiones de mejora de la seguridad y las condiciones de trabajo o la eficiencia energética en los buques de pesca, actuaciones que solo están permitidas para los barcos de menos de 24 metros de eslora. Otero señala que «no podemos apostar por el relevo generacional, por la seguridad, la eficiencia energética, y, en definitiva, por la soberanía alimentaria de la UE si estamos poniendo limitaciones al arqueo de un nuevo buque o las modificaciones que redunden en mejoras».
Por último, el presidente de la FNCP aboga por «dejar de penalizar a la flota pesquera que pueda cometer una infracción grave en materia de pesca con la devolución de las ayudas recibidas o la imposibilidad de solicitarlas durante un tiempo determinado». A juicio del sector, eso supone una «doble penalización», que implica pagar una sanción y devolver lo recibido y vetar el acceso a otras ayudas.